Universidades públicas al límite en Veracruz

Las universidades en el país se encuentran en una operación cada vez más complicada, ante la falta de infraestructura, recursos, docentes y espacios para cumplir con la inmensa demanda de aspirantes.

En el caso de Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV) es la institución pública de educación superior más grande e importante del estado. Su situación actual no es la mejor, pues de los 45 mil espacios que se ofertan solo 21 mil logran obtener un lugar para continuar sus estudios.

Además, en los últimos cuatro años ha caído en el ranking internacional, lo que ha puesto en duda la calidad de la educación que imparte a más de 95 mil estudiantes.

Investigadores señalan que la UV ha mostrado avances, pero el rezago persiste. La falta de recursos para proyectos de investigación de alto impacto, la escasa vinculación con el sector empresarial para el desarrollo de patentes y tecnologías, y la limitada infraestructura para la investigación de punta son obstáculos importantes.

Otro caso en Veracruz, es el de la Universidad Popular Autónoma (UPAV), creada durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy preso en el Reclusorio Norte, se encuentra colapsada ante la falta de pago a docentes y de reconocimiento laboral como empleados, además de problemas en la transparencia financiera y la calidad académica, atrasos en entregas de títulos de egresados, a ello se suma el recorte presupuestal. Actualmente recibe poco menos de 18 millones de pesos.

Durante el primer año de operación dicho presupuesto superaba los 25 millones. Y es que en 2016 el entonces Secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, expuso que esta universidad era un fraude.

En el ejercicio público del 2018 el Órgano de Fiscalización Superior determinó un desfalco financiero a través de transferencias bancarias a la organización Alianza para el Fomento al Aprendizaje A.C., lo que motivó a una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por un monto superior a los 9 millones de pesos que no se pudo comprobar su destino, así como un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por otros 330 millones de pesos.