El gobierno federal mexicano, como parte del Paquete Económico 2026, ha propuesto un nuevo impuesto del 8% a los videojuegos considerados "violentos" o para adultos. Este impuesto se aplicaría a los clasificados como C y D en México.
Las autoridades argumentan que este impuesto no tiene un fin principalmente recaudatorio, sino que forma parte de una estrategia de salud y seguridad. Situación que es rechazada por los consumidores de estos contenidos.
Especialistas señalan, que la falta de supervisión del contenido que ven los menores de edad y adolescentes por parte de los padres de familia, es uno de los principales factores que ponen en riesgo la integridad mental y física de los consumidores.
No obstante, aunque hay estudios donde se señala que los videojuegos que incitan a la violencia pueden intervenir en malas conductas sobre todo de los infantes y jóvenes, la responsabilidad sigue siendo de los tutores.
La propuesta de las autoridades gubernamentales, señala que el uso excesivo puede llevar a la adicción, un estilo de vida sedentario y, en algunos casos, aislamiento social, e incluso a situaciones que tengan que ver con violencia y grupos criminales.
El gravamen se concentra en una estrategia de seguridad más amplia. La intención es abordar las problemáticas sociales como la ludopatía y la exposición temprana a contenidos violentos.
Consumidores de este tipo de entretenimientos, señalan que un impuesto más no generará que se dejen de adquirir.
La propuesta se ampara en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, buscando garantizar un acceso seguro a las tecnologías de la información y la comunicación.
Pese a que la recaudación esperada de este impuesto es de 183 millones de pesos, el gobierno ha reiterado que su objetivo principal es el de disminuir el consumo. La propuesta también incluye obligaciones para las empresas extranjeras sin establecimiento en México, como registrarse ante el SAT y reportar información de sus usuarios.