Una nueva elección está en puerta y los casos de violencia política contra las mujeres, lejos de disminuir, presentan cifras preocupantes.
Sólo basta revisar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG).
Veracruz es el segundo estado con más personas sancionadas por incurrir en este delito, con 46 casos.
Únicamente se ubica por debajo de Oaxaca, entidad que ocupa el primer lugar con 133 personas sancionadas.
Y es seguido por Tabasco (30), Chiapas (22) y Quintana Roo (14), quienes completan el top cinco.
La gran mayoría de los violentadores son presidentes municipales. Aunque también hay regidores, servidores públicos, ciudadanos, periodistas y directores de medios de comunicación.
Durante el 2023, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revisó 60 casos de violencia política en razón de género.
De estos, 24 fueron por violencia mediática y 36 por violencia simbólica y psicológica.
El registro de violentadores no tiene un alcance penal. Los propios magistrados del Poder Judicial de la Federación reconocen que existen vacíos legales que permiten a los enlistados participar en un proceso electoral.
Aunque las consecuencias de aparecer en la lista van desde un apercibimiento hasta la inhabilitación temporal para desempeñar un cargo público.
¿Es esto suficiente para erradicar la violencia que en ocasiones se transforma en agresiones y crímenes como los homicidios y feminicidios?