Chocan municipios y estado por control de tránsito

• Buscan tres municipios municipalizar tránsito
• Acusan falta de orden y elementos

Zacatecas, Zac.- Jalpa, Río Grande y Fresnillo han manifestado su intención de crear o consolidar sus propias direcciones de tránsito. La principal motivación, afirman, no es el tema recaudatorio, sino la urgencia de ordenar la creciente circulación vehicular y atender las necesidades locales con mayor eficacia.

Las autoridades estatales, sin embargo, consideran que estas iniciativas son inviables por falta de sustento económico y de infraestructura.

Pese a ello, dichos municipios operan actualmente con una plantilla mínima: Fresnillo cuenta con 30 agentes viales, Río Grande con 12, y Jalpa apenas con cuatro elementos y dos patrullas.

"La verdad es que no lo estamos viendo por el tema de recaudación, la verdad creo que el municipio de Jalpa ha crecido muchísimo en los últimos años y el personal es insuficiente", explicó Olegario Viramontes Gómez, presidente municipal de Jalpa.

Desde el Gobierno del Estado, la respuesta ha sido tajante. A través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General Jurídica, se ha señalado que ninguna municipalización ha sido autorizada y que los ayuntamientos no han cumplido con los requisitos mínimos para ello, particularmente en infraestructura y viabilidad financiera.

"Más allá de provocar una solución va provocar más problemas porque no se cuenta con el recurso material, financiero y humano para hacerle frente a la magnitud de lo que implica el servicio", opinó Ángel Muñoz Muro, coordinador general jurídico del Gobierno del Estado.

No obstante, Río Grande ya inició operaciones con una dirección municipal sin aval estatal, lo que ha encendido alertas en la administración estatal, que acusa a los municipios de poner en riesgo la estrategia de seguridad integrada. Los alcaldes, por su parte, insisten en que la organización del tránsito no debe depender exclusivamente del aparato estatal y que la saturación vehicular ya representa una problemática creciente en sus demarcaciones.

Mientras continúa el debate, la realidad es que estos municipios enfrentan un déficit tanto en agentes viales como en policías preventivos, y las diferencias entre los niveles de gobierno amenazan con seguir postergando una solución integral al ordenamiento del tránsito local.