Huachicol fiscal en México: cifras oficiales aún por determinar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que su gobierno trabaja en la recopilación de información para conocer con precisión el impacto económico del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

La mandataria aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos mencionada la semana pasada por la Procuraduría Fiscal de la Federación no corresponde a datos oficiales.

"Tenemos un grupo de trabajo donde estamos uniendo todas las bases de datos para que haya una sola fuente de información sobre la cantidad de combustible que se importa, se vende y se produce", explicó Sheinbaum durante su conferencia diaria en Ciudad de México. Esto permitirá, según la presidenta, tener claridad sobre la magnitud del contrabando y su afectación real.

Actualmente, el gobierno revisa datos de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), información de importación compartida con aduanas, la Secretaría de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según Sheinbaum, antes no existía un sistema que permitiera la trazabilidad del combustible, es decir, no se podía seguir de manera clara cuánto se produce, importa o vende.

El plan del gobierno es tener, al cierre de octubre, información en tiempo real sobre la importación y venta de combustibles. Con estos datos se podrá determinar si se vende más combustible del que se importa y produce, lo que indicaría contrabando, o si simplemente hay errores contables. Por ejemplo, si se importan 100 mil litros de gasolina y se reportan ventas por 120 mil litros, se podrá identificar de dónde proviene la diferencia.

Sheinbaum aclaró que la declaración de la procuradora fiscal sobre el daño económico fue basada en cálculos de un diputado y que no existe un dato oficial de la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora, las querellas por contrabando fiscal de combustible suman 16,000 millones de pesos.

A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un juicio abierto contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta participación en la red de contrabando. Según la FGR, los acusados permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, disfrazándolos como aditivos, para su venta ilegal y evasión de impuestos.

Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán. La investigación busca esclarecer la magnitud de la red y su relación con funcionarios de distintas dependencias.

Con la consolidación de estas bases de datos, el gobierno asegura que será posible tener un control más eficiente sobre el mercado de combustibles y determinar con claridad si persiste el contrabando, así como su verdadero impacto económico en México.