ZACATECAS, ZAC La detención de elementos de corporaciones municipales por su presunta participación en delitos representa una señal de alerta sobre el funcionamiento de las comandancias y los mecanismos de selección y supervisión policial, consideró Isadora Santivañez Ríos, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
La legisladora señaló que los casos registrados en municipios como Río Grande, Momax, Juchipila y Tlaltenango, así como los hechos delictivos ocurridos en Ojocaliente y Apozol, hacen necesario realizar una revisión exhaustiva de las condiciones en las que operan las corporaciones de seguridad en el estado.
Advirtió que, cuando se presentan varios casos similares, es necesario analizar si existe una falla sistemática en los mecanismos de control y vigilancia de las instituciones policiales.
"Cuando es más de uno es reiterativo o es constante, ya estamos hablando de una sistematización", sostuvo, al plantear la necesidad de identificar qué está fallando dentro del sistema de seguridad.
Analizarán condiciones laborales y presiones criminales
Sobre el incremento salarial otorgado a los policías, Santivañez Ríos consideró que mejorar sus percepciones es necesario debido a los riesgos que enfrentan en el cumplimiento de sus funciones; sin embargo, señaló que los casos de presunta cooptación criminal también pueden estar relacionados con amenazas, presiones y miedo, más allá de las condiciones económicas.
Por ello, estimó que cada municipio debe analizarse de manera particular para identificar los factores que propician estas conductas, sin descartar la importancia de mantener mejores condiciones laborales para los elementos.
La diputada también recordó que la extorsión es un delito grave, cuya penalidad se ha incrementado ante problemáticas como el cobro de piso a comerciantes, por lo que consideró necesario atender las condiciones que permiten la operación de estos delitos en las distintas regiones.
Piden reforzar exámenes de confianza y vigilancia policial
Santivañez Ríos consideró que el reto actual en materia de seguridad no se limita al presupuesto, los salarios o el equipamiento, sino que también implica incorporar nuevas tecnologías ante las capacidades que ha desarrollado el crimen organizado.
Advirtió que los grupos delictivos ya utilizan drones no solamente para labores de vigilancia, sino también como herramientas para realizar ataques, lo que obliga a las autoridades a actualizar sus estrategias de prevención y respuesta.
Como parte de las medidas para fortalecer las corporaciones, propuso recuperar y reforzar los exámenes de confianza, la capacitación y la formación de policías de carrera, además de impulsar centros de inteligencia que permitan conocer en tiempo real la ubicación de los elementos y las unidades oficiales.
Explicó que estas herramientas contribuirían a supervisar el desempeño de los agentes durante sus jornadas laborales, así como a mejorar el control de los vehículos policiales mediante sistemas de rastreo.
Asimismo, planteó la necesidad de regionalizar la capacitación y las evaluaciones de confianza, al considerar que las condiciones de seguridad varían entre municipios y regiones.
Cuestionan designación de comandantes municipales
La legisladora también señaló que debe revisarse el procedimiento mediante el cual se designa a los directores y comandantes de las policías municipales, para determinar si son nombramientos directos de los alcaldes o si intervienen acuerdos con autoridades estatales o federales.
Indicó que algunos presidentes municipales pueden optar por mantener a los mandos sugeridos por otros niveles de gobierno con la intención de contar con respaldo institucional en materia de seguridad.
En ese sentido, mencionó las declaraciones del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, quien ha señalado que dejó en el cargo a quien le indicó el gobernador.
Para Santivañez Ríos, es necesario esclarecer cómo se toman estas decisiones y revisar los criterios utilizados para designar a quienes encabezan las corporaciones, a fin de identificar posibles fallas en los mecanismos de selección y supervisión.
La diputada sostuvo que el análisis de la legislación en materia de seguridad debe considerar estos desafíos, particularmente el fortalecimiento de la inteligencia, la vigilancia interna y los controles de confianza, ante los casos de elementos policiales señalados por presuntamente cometer delitos.
