Alertan sobre nuevas formas de censura judicial y legislativa en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió una fuerte advertencia sobre el creciente uso de mecanismos judiciales y legislativos para restringir la libertad de prensa en México, calificándolos como formas "disfrazadas" de censura que amenazan gravemente el ejercicio periodístico.

En su más reciente informe, el organismo denunció que en los últimos meses se ha intensificado el uso de demandas por daño moral, órdenes judiciales de eliminación de contenido y reformas legales que buscan controlar o condicionar la labor de los medios de comunicación.

""Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder", expuso José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador.

Uno de los casos más preocupantes mencionados en el informe es la proliferación de amparos y resoluciones judiciales que obligan a medios a retirar investigaciones periodísticas, incluso sin una sentencia definitiva. La SIP también advirtió sobre propuestas legislativas en distintos congresos estatales que buscan imponer controles a los contenidos informativos bajo el argumento de "regulación ética" o "protección a la privacidad".

Organizaciones mexicanas como Artículo 19 y Fundar han respaldado la denuncia de la SIP, señalando que estas prácticas vulneran el derecho a la información de la ciudadanía y generan un clima de autocensura en las redacciones.

"La judicialización del periodismo se ha convertido en un mecanismo de intimidación. No se persigue la verdad, sino el silencio", indicó la directora regional de Artículo 19, Ana Ruelas.

La SIP hizo un llamado al Poder Judicial mexicano a actuar con independencia y ponderar la libertad de expresión como un derecho fundamental y se refirió a casos recientes que encendieron las alertas, entre ellos:

• En Campeche un tribunal local prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores e impuso a Tribuna Campeche la revisión previa de todo su contenido por un interventor judicial. El veto se dicta a pesar de que una corte federal ya había declarado inconstitucional una sanción previa contra el mismo informador.

• En Puebla, la reforma al art. 167 del Código Penal amplía el delito de "ciberacoso" e introduce "violencia digital" castigando con prisión publicaciones que "afecten la dignidad" de una persona. La SIP alerta que la redacción, vaga y amplia, habilita castigar la crítica a funcionarios.

• En Ciudad de México, el INE exigió a La Silla Rota la entrega de documentos, videos y fuentes sobre la investigación de los llamados "acordeones" electorales, bajo amenaza de multas de hasta 11 millones de pesos. El portal defiende su derecho al secreto profesional.

México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, con múltiples asesinatos, agresiones y actos de censura registrados cada año. A este panorama se suma ahora una nueva forma de represión: la censura legal.