Zacatecas, Zac. La entrega de subsidios de vivienda por montos de hasta 624 mil pesos a funcionarios de primer nivel de la administración estatal ha generado una nueva controversia, luego de que el beneficio quedara documentado en el reporte oficial de "Montos Pagados por Ayudas y Subsidios del Estado de Zacatecas", correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
La información pública que compartió la Secretaría de Finanzas señala que el programa contempló 63 beneficiarios, con una bolsa total de 23 millones 398 mil 880 pesos destinada al concepto de subsidio a la vivienda. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha explicado públicamente los criterios de asignación de estos recursos ni ha desmentido la autenticidad del documento.

Los funcionarios señalados
Entre los beneficiarios aparecen varios integrantes del primer círculo de la administración estatal, quienes recibieron el monto máximo registrado de 624 mil pesos. Destacan Gabriela Evangelina Pinedo Morales, secretaria de Educación; Carlos Alberto Zúñiga Rivera, jefe de la Oficina del Gobernador; y Roberto Alejandro de León Hernández, secretario privado del gobernador.
En la misma relación figura Bruno Saavedra Juárez, identificado como hermano de Silvia Saavedra Juárez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, quien también habría recibido un subsidio por 624 mil pesos.
El listado también incluye apoyos de menor cuantía, aunque igualmente significativos. Entre ellos se encuentra Víctor Humberto de la Torre Delgado, director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con 230 mil 880 pesos; Nieves Medellín Medellín, exdiputado local y actual director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), con el mismo monto; Kevin Kolscani Guerra Ríos, director del Instituto Tecnológico Superior de Loreto con 268 mil 880 pesos y Uriel Márquez Romo, director del Sistema Estatal de Museos, con 230 mil 880 pesos.
La publicación del reporte que inicialmente realizó el periodista Gabriel Contreras ha reavivado el debate sobre la utilización de recursos públicos para otorgar apoyos de vivienda a servidores públicos de alto nivel, en un contexto donde hasta ahora no existe una explicación oficial sobre las reglas de operación, los requisitos de elegibilidad o la justificación para la asignación de estos subsidios.