Guadalupe, Zac. Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalupe colocó cintas de suspensión en los accesos vehiculares y peatonales del Coto 5-B del fraccionamiento Paseos de San Agustín, luego de recibir inconformidades vecinales por las restricciones de ingreso y los cobros establecidos por un comité de colonos.
La intervención ocurrió este miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 11:58 horas. El caso también ha generado señalamientos sobre posibles represalias contra una vecina, a quien algunos residentes responsabilizan de la actuación municipal, sin que se haya confirmado que haya presentado la queja.
Habitantes del fraccionamiento han manifestado inconformidad por el sistema de acceso restringido que administra el comité de colonos, cuyo registro o reconocimiento formal ante el Ayuntamiento de Guadalupe no ha podido confirmarse.
Entre los cobros señalados por los residentes se encuentran 300 pesos bimestrales por el acceso mediante una pluma vehicular, 500 pesos por un dispositivo electrónico TAG y 50 pesos por un llavero que permite abrir la puerta peatonal.
Quienes no cuentan con estos dispositivos deben registrarse para ingresar, incluso cuando se dirigen a sus propios domicilios, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de condicionar el acceso mediante pagos y mecanismos de identificación administrados por particulares.
El comité justifica estas medidas como parte de un esquema de seguridad privada. Sin embargo, algunos habitantes también cuestionan la efectividad de la vigilancia y las condiciones laborales de los guardias, quienes presuntamente realizan turnos de hasta 24 horas.
Mediante el oficio número 202, fechado el 10 de noviembre de 2026, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente notificó al representante del Comité del Coto 5-B sobre una queja vecinal relacionada con presuntas restricciones de acceso.
En el documento, la autoridad establece que los mecanismos de control dentro de los fraccionamientos deben respetar las disposiciones legales y los derechos de terceros, sin imponer restricciones injustificadas al tránsito de personas que legítimamente requieren ingresar.
Además, requiere al comité abstenerse de realizar, instruir o permitir acciones que limiten injustificadamente el acceso de personas y proveedores, así como presentar la documentación que acredite las autorizaciones para instalar y operar portones, rejas y plumas.
El Ayuntamiento fundamenta su requerimiento en disposiciones sobre desarrollo urbano, ordenamiento territorial y construcción, además del artículo 11 constitucional, relativo a la libertad de tránsito. También advierte que, si persisten las restricciones o se detectan irregularidades, realizará inspecciones y las actuaciones administrativas correspondientes.
Aunque las fotografías documentan la colocación de cintas de suspensión en los accesos, aún es necesario conocer el acta administrativa para establecer el alcance exacto de la medida.
Después de la intervención municipal, en conversaciones de WhatsApp difundidas entre residentes comenzaron a circular mensajes que responsabilizan a una vecina de haber provocado la actuación de las autoridades.
La mujer tiene relación con una tienda de abarrotes, según los mensajes compartidos. Sin embargo, no se ha acreditado públicamente que haya presentado la denuncia.
Pese a ello, algunos participantes plantearon acciones contra el establecimiento, como dejar de comprar en el negocio, cuestionar sus permisos de funcionamiento, investigar a sus proveedores e incluso acudir personalmente a reclamarle.
También se mencionó la posibilidad de organizarse para dejar de consumir en el establecimiento, lo que abre la preocupación por posibles actos de presión o represalias contra una persona cuya participación en la queja no está confirmada.
En un comunicado difundido este mismo 11 de noviembre, el Comité de Colonos del Coto 5-B informó que acudiría a la Presidencia Municipal de Guadalupe para conocer la situación y gestionar una solución que permita conservar el acceso restringido.
El comité reconoció que la intervención municipal derivó de una queja relacionada con la presunta negativa de acceso a un domicilio, aunque aseguró que esa acusación no corresponde a la realidad.
Asimismo, solicitó el respaldo de los habitantes y anunció que podría recabar firmas para presentar formalmente su postura ante las autoridades.
Entre los asuntos que permanecen sin aclarar están el reconocimiento municipal del comité, sus facultades para administrar los accesos, las autorizaciones para instalar los dispositivos y los criterios utilizados para establecer y administrar las cuotas.
La intervención del Ayuntamiento pone bajo revisión el funcionamiento de los controles de acceso del Coto 5-B. Mientras se determina si cumplen con las disposiciones legales, también queda pendiente atender los señalamientos sobre los cobros y prevenir posibles actos de intimidación contra quienes manifiesten inconformidades.
