Cuestionan destino de 2 mil millones de pesos para Milpillas

Zacatecas, Zac. El destino de los 2 mil millones de pesos relacionados con el proyecto de la presa Milpillas, así como la falta de infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales, fueron algunos de los temas centrales durante la comparecencia de Susana Rodríguez Márquez, secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), ante la Legislatura local, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. 

El diputado del PAN Pedro Martínez pidió precisar para qué se radicaron los 2 mil millones de pesos que, según señaló durante su intervención, ya fueron entregados para el proyecto. Cuestionó cuál era el objetivo concreto de esos recursos, al considerar que la construcción de la presa correspondería al Gobierno federal, mientras que los terrenos estarían a cargo del Gobierno del Estado. 

"Los 2 mil millones que dice que ya se radicaron, ¿con qué objetivo, para qué eran concretamente dentro del proyecto?", preguntó. 

El legislador sostuvo que la presión sobre los acuíferos, la insuficiencia de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, las dificultades para disponer adecuadamente de los residuos sólidos y la incertidumbre sobre proyectos estratégicos como Milpillas obligan a revisar no solamente cuánto se ha invertido, sino también qué resultados se han obtenido. 

Consideró indispensable distinguir entre los proyectos anunciados, los recursos presupuestados, las obras efectivamente ejecutadas y los beneficios que han llegado a la población. Añadió que las inversiones públicas deben demostrar viabilidad, transparencia y legitimidad social, además de traducirse en mejoras para los habitantes. 

Aunque reconoció que los desafíos ambientales trascienden administraciones y partidos políticos, insistió en que los montos anunciados no son suficientes para evaluar el cumplimiento de los proyectos. 

En el fragmento de la comparecencia proporcionado no aparece la respuesta de Rodríguez Márquez sobre el destino específico de los 2 mil millones de pesos, por lo que no es posible establecer si fueron ejercidos, qué conceptos cubrían o a qué etapa del proyecto correspondían. 

María Teresa López señala insuficiencia de recursos 

La diputada panista María Teresa López también intervino sobre Milpillas y preguntó qué acciones pueden emprenderse para ayudar a avanzar con el proyecto. 

Durante su cuestionamiento, consideró que los 200 millones de pesos mencionados en el intercambio son totalmente insuficientes frente a las necesidades de la dependencia. No obstante, reconoció la disposición de la Federación y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente para colaborar. 

Las cantidades mencionadas por ambos diputados corresponden a planteamientos distintos durante el intercambio: Martínez preguntó por el objetivo de los 2 mil millones de pesos relacionados con Milpillas, mientras López hizo referencia a 200 millones de pesos al hablar de la insuficiencia presupuestal. Con los fragmentos disponibles no es posible establecer si ambos montos corresponden a partidas vinculadas entre sí. 

Municipios enfrentan problemas para disponer de la basura 

Además de Milpillas, Rodríguez Márquez expuso las dificultades que enfrentan los municipios para construir rellenos sanitarios y manejar sus residuos sólidos. Consideró necesario respaldar una propuesta que permita a los ayuntamientos atender sus necesidades de infraestructura, debido a que sus recursos son insuficientes para resolver por sí solos los problemas ambientales. 

Señaló que la responsabilidad debe compartirse entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además de la ciudadanía, pues no se trata de problemas que puedan resolverse de manera inmediata ni dejarse para la siguiente administración. 

Como ejemplo, mencionó que Fresnillo continúa depositando residuos en un sitio que, de acuerdo con lo expuesto, no está autorizado para esa actividad y debería encontrarse en proceso de cierre por cuestiones relacionadas con el uso del suelo. 

También habló de las dificultades de Guadalupe con la operación de su sitio de disposición final. Explicó que la construcción de un relleno sanitario implica más que encontrar un terreno: requiere estudios, diagnósticos, disponibilidad del espacio, trámites y coordinación entre las autoridades involucradas. 

La funcionaria relató el caso de Chaparrosa, donde un ejido había permitido al municipio utilizar un terreno para depositar basura. Sin embargo, aseguró que el lugar no se operó correctamente y que algunos animales que se encontraban cerca comieron bolsas de plástico y murieron, por lo que los ejidatarios decidieron cerrar el sitio. 

El cierre generó dificultades para el manejo de los residuos, en una localidad donde, según explicó, las necesidades aumentan por la población temporal y no existe una alternativa inmediata. 

Rodríguez Márquez agregó que se analiza un posible terreno ubicado en una zona ejidal dividida entre Zacatecas y San Luis Potosí, situación que complica la intervención de las autoridades por cuestiones de jurisdicción. 

En Valparaíso, añadió, también se busca construir un relleno sanitario, pero las características del suelo dificultan las excavaciones. El alcalde explora terrenos que no sean ejidales para evitar conflictos, ya que, de acuerdo con la secretaria, cuando los propietarios conocen el interés de las autoridades por adquirir sus tierras, los precios pueden elevarse considerablemente. 

Estos casos, sostuvo, reflejan que la solución requiere planeación de largo plazo, coordinación entre gobiernos y recursos suficientes para desarrollar infraestructura que cumpla con las condiciones ambientales. 

Propone incorporar plantas de tratamiento 

La secretaria consideró que la propuesta para apoyar a los municipios también debería contemplar la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Señaló que todos los municipios deberían contar, en la medida de sus posibilidades, con una planta, incluso de dimensiones pequeñas, pues hay localidades donde las aguas residuales no reciben el tratamiento necesario. 

Entre los casos que expuso está Florencia de Benito Juárez, donde afirmó que existen problemas graves en el sistema de agua potable y habitantes que consumen agua contaminada. 

Según explicó, ya se cuenta con un estudio y un proyecto para atender la situación, pero la rehabilitación del sistema requeriría 25 millones de pesos, cantidad que resulta difícil de cubrir para un municipio pequeño. 

Ante esta situación, pidió que los gobiernos estatal y federal aporten recursos y que se recuperen programas federales con reglas de operación claras, a fin de que los ayuntamientos puedan acceder a financiamiento para obras de agua potable, saneamiento y manejo de residuos. 

La funcionaria planteó que las necesidades municipales no deben evaluarse únicamente desde la capacidad de sus presupuestos, pues existen proyectos indispensables para la salud y el medio ambiente que rebasan sus posibilidades financieras. 

Proagua cuenta con 49 millones de pesos, pero las obras comenzaron tarde 

En materia de inversión, Rodríguez Márquez informó que durante el ejercicio fiscal se dispone de 49 millones de pesos federales a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua). 

Explicó que la ejecución de las obras sufrió retrasos debido a que los lineamientos federales se publican hasta marzo. Después de conocerlos, la dependencia debe integrar los expedientes, reunir la documentación, revisar los proyectos y enviarlos para su validación. 

Añadió que los expedientes ahora deben remitirse a las oficinas centrales en la Ciudad de México, donde se realizan las validaciones correspondientes, en lugar de resolverse únicamente desde las oficinas de Zacatecas. 

De acuerdo con la secretaria, los trabajos comenzaron aproximadamente un mes antes de la comparecencia. Entre las acciones en marcha mencionó intervenciones en 13 pozos, uno de ellos prácticamente terminado. 

Detalló que el esquema de Proagua establece una aportación de 40 por ciento de la Federación, 30 por ciento del municipio y 30 por ciento del Gobierno del Estado. Esto implica que los ayuntamientos deben contar con recursos propios para concretar las obras, una dificultad adicional para los municipios con presupuestos limitados. 

Respecto a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), explicó que el organismo también participa como operador y realiza una aportación equivalente a la municipal en los proyectos correspondientes. Su cobertura incluye Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande. 

Por ello, sugirió que los municipios atendidos por JIAPAZ presenten sus solicitudes ante el organismo cuando se trate de obras relacionadas con los servicios que opera. 

Asegura que solventaron observaciones de auditoría 

Durante la comparecencia, Rodríguez Márquez también respondió sobre observaciones de auditoría correspondientes a ejercicios anteriores. 

Mencionó un monto de "4 mil 700 y fracción", aunque el fragmento disponible no permite establecer con certeza la unidad de esa cantidad. Aseguró que las observaciones fueron solventadas. 

Explicó que uno de los señalamientos estuvo relacionado con presuntos sobreprecios en obras, debido a diferencias entre los costos considerados en los catálogos y los precios de los materiales durante un periodo de incrementos pronunciados. 

La funcionaria sostuvo que los materiales, particularmente el acero, registraron aumentos importantes en el contexto de conflictos internacionales. También mencionó cambios de auditores y falta de claridad en algunas instrucciones durante el proceso de revisión. 

Según su explicación, las variaciones en los precios influyeron en los cálculos utilizados para las obras y derivaron en los señalamientos que posteriormente fueron atendidos. 

Rodríguez Márquez defendió los procedimientos de la dependencia y aseguró que no permitirán la entrega de obras inconclusas o mal construidas. 

Pide corresponsabilidad ante el cambio climático 

En su mensaje de cierre, la secretaria señaló que los problemas ambientales no pueden dejarse para la siguiente administración y que la responsabilidad debe ser compartida entre los gobiernos y la ciudadanía. 

Afirmó que los efectos del cambio climático se experimentan en distintas partes del mundo y mencionó inundaciones severas en India y Nepal, además de fenómenos naturales en Colombia y otras zonas de Sudamérica, como parte de su reflexión sobre los riesgos ambientales. Estas referencias fueron planteadas durante su intervención, sin que en el fragmento se presentaran elementos técnicos para establecer una relación causal entre todos esos fenómenos y el cambio climático. 

La funcionaria llamó a modificar hábitos relacionados con la generación de basura, el descuido de los espacios naturales y la contaminación.  

Consideró que la protección ambiental debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a discursos o compromisos que queden pendientes al concluir las administraciones. 

También sostuvo que las diferencias religiosas, ideológicas y políticas son naturales en una sociedad plural, pero que las autoridades deben encontrar puntos de coincidencia para resolver los problemas públicos. 

En ese sentido, defendió la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y reconoció el trabajo del personal de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, al que calificó como dedicado y profesional. Añadió que las instituciones deben promover entre sus trabajadores principios de honestidad, probidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Rodríguez Márquez sostuvo que el presupuesto destinado a preservar el medio ambiente no debe considerarse un gasto, sino una inversión en la vida y el desarrollo de las comunidades. 

Asimismo, planteó que actividades económicas como el desarrollo agroindustrial, la minería y los servicios deben avanzar con criterios de sostenibilidad. Advirtió que el agua, los bosques y la tierra son recursos limitados y que su conservación debe formar parte de las decisiones económicas. 

Cabe mencionar que, en las intervenciones de Ana María Romo Fonseca de MC, María Dolores Trejo Calzada de Morena e Isadora Santiváñez Ríos del PRI, se desarrolló la revisión de los problemas ambientales y de las acciones de la dependencia.  

La comparecencia se realizó ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Legislatura del Estado, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno.