Diputada del PT denuncia incertidumbre en la continuidad del programa Escuelas Linux

Zacatecas, Zac. La diputada del Partido del Trabajo (PT), Renata Ávila Valdez, advirtió desde tribuna sobre la grave incertidumbre que enfrentan más de 500 instituciones educativas del estado ante la falta de coordinación y mantenimiento del programa Escuelas Linux, considerado esencial para garantizar el acceso al software libre en planteles de nivel básico y medio superior.

Ávila Valdez recordó que Zacatecas cuenta desde 2013 con la Ley para Fomentar la Creación, Desarrollo, Utilización y Difusión del Software Libre y de Código Abierto, la cual establece que la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) debe asegurar que estudiantes y docentes desarrollen competencias en estas plataformas. Incluso, dicha legislación fijó como meta que para 2016 al menos el 60% de los equipos del sector público operaran con software libre.

Sin embargo, señaló la legisladora, el programa se encuentra hoy sin rumbo tras la remoción del maestro Alejandro Díaz Infante, quien durante casi dos décadas estuvo a cargo de la operación técnica del proyecto. Según la denuncia, Díaz Infante fue notificado de su despido por la Subsecretaría de Educación Media Superior sin explicación alguna, lo que dejó al programa sin responsable, sin actualizaciones y sin mantenimiento.

La diputada alertó que esta situación pone en riesgo la funcionalidad de laboratorios y aulas digitales que dependen de esta plataforma para operar, afectando directamente a docentes, alumnos y cientos de escuelas que utilizan Escuelas Linux para reducir brechas de desigualdad digital.  "No se trata de una persona; se trata de una política pública respaldada por ley y de miles de estudiantes que dependen de estas herramientas", afirmó.

Ávila Valdez solicitó de manera pública que la Secretaría de Educación informe de inmediato el estado actual del programa Escuelas Linux, las medidas previstas para garantizar su continuidad y los mecanismos para asegurar su mantenimiento y actualización.

La legisladora advirtió que ninguna decisión administrativa puede vulnerar derechos ni comprometer el acceso de niñas, niños y jóvenes a tecnologías esenciales para su aprendizaje.