Entre omisiones y deudas, el caso FONE
- Auditoría investiga la nómina magisterial
- Función Pública investiga a exgobernador
Zacatecas, Zac.- Las recientes observaciones de la Secretaría de la Función Pública contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes, por presunto enriquecimiento ilícito, han vuelto a poner sobre la mesa el posible error cometido en 2014 al no federalizar la nómina educativa, lo que en su momento obligó a aumentar considerablemente la deuda pública de Zacatecas.
De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno, en 2011 el exgobernador recibió el estado con una deuda de 625 millones de pesos. Sin embargo, durante el sexenio priista se contrataron un total de nueve créditos, dejando al final del mandato una deuda de 7 mil 598 millones de pesos.
"Decía que se utilizó para pagar Ciudad Gobierno pero no es cierto, 3 mil 250 millones fueron para pagar la nómina educativa" informó el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza.
En 2014, la Federación creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), con el objetivo de absorber el costo de la nómina magisterial en los estados. Sin embargo, en Zacatecas, la administración estatal decidió no asumir el costo político que implicaba modificar el sistema de pensiones y, además, perder hasta 4 mil millones de pesos en fondos federales que se utilizaban de forma discrecional, según informó el Gobierno del Estado.
"Lo que las autoridades federales nos han dicho es que Zacatecas simplemente no participó en la mesa, hay culpables, ustedes saquen sus conclusiones", dijo Gabriela Pinedo Morales, secretaría de educación.
Actualmente la Secretaría de Educación mantiene negociaciones con la federación revisando los criterios del FONE para negociar la incorporación de Zacatecas, pero además la Auditoría Superior del Estado ha citado a la dependencia estatal para revisar el caso como parte de una investigación.
Sin embargo Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dijo: "Nadie ha presentado el avance de que sea en serio la federalización, en las mesas nacionales no se ha hablado de un proceso".
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública mantiene una investigación propia contra el exmandatario. Entre los señalamientos destaca la existencia de inconsistencias por cerca de 17 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales, entre ellas la adquisición de una hacienda de siete hectáreas en Malpaso, escriturada por solo un millón de pesos, y otra en la comunidad de Machines, adquirida por únicamente 400 mil pesos.
Ante los señalamientos el diputado federal, Miguel Alonso, aseguró que las acusaciones en su contra son falsas y existe una obsesiva persecución política en su contra, aseguró que en su momento se hicieron las gestiones para la federalización de la nómina pero no se logró.
"Esto no se logró para ningún estado, es falso maestros y maestras que se diga que no hice las gestiones, las hicimos, las planteamos, ahí están las minutas" dijo.
Entre señalamientos, omisiones y disputas políticas, han transcurrido ya nueve años desde que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación por estas presuntas irregularidades. Hasta ahora, no se han encontrado elementos suficientes para emitir sanciones, aunque el expediente continúa abierto y en proceso.
