Zacatecas, Zac.- La reciente captura de altos mandos de seguridad pública municipal reabre el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las corporaciones locales. Más allá de casos aislados, los indicadores oficiales exhiben una severa pérdida de control interno y lagunas operativas que vulneran la procuración de justicia en los ayuntamientos.
Caída en la certificación y controles de confianza
La certificación policial en Zacatecas registró un retroceso considerable durante 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de policías estatales con Certificado Único Policial pasó del 99.2 por ciento en 2024 a solamente el 42.6 por ciento en 2025, equivalente a 985 elementos.
Además, únicamente mil 418 policías, es decir, el 61.3 por ciento de la corporación, contaban con evaluaciones de control y confianza aprobadas y vigentes. Por otro lado, 480 elementos no habían sido evaluados y otros 326 registraban resultados no aprobatorios vigentes.
Sobre la periodicidad de estos exámenes y la supervisión interna, Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, señaló:
"No los podemos evaluar cada 15 días, por eso son cada 3 años y si hay una conducta que encontramos nosotros por ahí rara en la supervisiones, se manda a evaluar de inmediato (...) los controles de confianza, vuelvo a repetir, esos no fallan, son universales y son aprobados por la federación."

Detenciones de mandos y procesos penales
Durante los últimos tres años, las corporaciones de seguridad de Zacatecas han registrado detenciones y procesos penales contra sus propios integrantes.
En marzo de 2025 fueron detenidos cuatro policías, tres de investigación y uno vial, por su presunta participación en delitos como extorsión, cohecho y asociación delictuosa.
Para 2026, las autoridades detuvieron a tres directores de Seguridad Pública Municipal, correspondientes a Juchipila, Río Grande y Momax, además de un agente de Juchipila. A esto se suma que la Fiscalía estatal reporta 178 bajas de policías de investigación y 16 carpetas judicializadas contra integrantes de su institución, aunque estas cifras abarcan un periodo de gestión más amplio.
Respecto al contacto con las mandos locales para evitar infiltraciones, Manuel Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, explicó:
"Todos nuestros policías municipales, estatales y de la policía de investigación hablamos directamente con los mandos, que son los que deberían tener el pulso, el termómetro directo, sin embargo no hemos encontrado, pero no queremos que se repita."

Baja confianza ciudadana y percepción de corrupción
La confianza ciudadana en las corporaciones policiales de Zacatecas continúa por debajo de los niveles registrados entre las instituciones federales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, solamente el 41.7 por ciento de las personas que identifican a la Policía de Tránsito manifiesta tener mucha o algo de confianza en ella. En la Policía Preventiva Municipal la cifra es de 48.7 por ciento y en la Policía Estatal de 55.6 por ciento.
En contraste, la Secretaría de Marina alcanza un nivel de confianza del 92.4 por ciento. Asimismo, casi siete de cada diez zacatecanos que identifican a la Policía de Tránsito consideran que esta corporación es corrupta.
La diputada presidenta de la comisión de seguridad, Isadora Santivañez, refirió que la actual reforma a la Ley de seguridad del estado contemplará medidas más efectivas para evaluar a las corparaciones:
"Precisamente este tipo de situaciones viene considerada en la nueva ley, el sanciones más severas para los policías que falten a la confianza de la ciudadanía, el buscar tener un servicio profesional de carrera dentro del sistema de seguridad pública."
El desplome en los niveles de certificación y el arresto de altos mandos municipales exhiben el agotamiento de los esquemas tradicionales de control policial. Garantizar corporaciones limpias exige mecanismos de auditoría externa y permanente; sostener la vigilancia institucional exclusivamente en evaluaciones trienales otorga un margen de tiempo que facilita la consolidación de redes de complicidad, dejando a las administraciones locales vulnerables a la cooptación delictiva.