Falta certeza jurídica en dos tercios de reclusos en Zacatecas

• Desconocido estatus legal de mayoría.
• Sistema penitenciario opera al límite.

Zacatecas, Zac.- Una grave falta de certeza jurídica prevalece en el sistema penitenciario de Zacatecas, donde el estatus legal específico de un 67.3% de las personas privadas de la libertad no pudo ser identificado.

Este es uno de los hallazgos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario 2025, presentado por el INEGI con datos actualizados al cierre de 2024. La cifra sugiere una considerable ambigüedad en los registros y el seguimiento procesal de los internos que esperan un juicio.

Esta elevada incertidumbre contrasta drásticamente con los casos que sí fueron clasificados. Del resto de la población, solo un 19% se encontraba en prisión preventiva oficiosa y un 13.7% en prisión preventiva justificada.

Además en el recién publicado Censo Nacional de Impartición de justicia Estatal, el INEGI informó que el Poder Judicial de Zacatecas tenía 11 mil 894 causas penales pendientes de concluir hasta el cierre del 2024.

Expertos en la materia advierten que muchos de estos casos se deben, principalmente, a que las sentencias en materia penal tardan en resolverse, en promedio, un año. No obstante, por la complejidad de algunos procesos y los amparos que se interponen, hay casos que pueden extenderse por más de tres años antes de que se emita una sentencia.

"Todo esto deriva porque México tenemos un sistema recursivo, tenemos muchos recursos, se han ido acotando, cada vez hay menos, pero en México tenemos la sentencia inicial que se puede ir hasta un amparo a revisión", detalló el abogado penalista Iván Casas. 

La situación de indefinición legal afecta a la mayoría, complicando su defensa y el debido proceso dentro de un sistema que, además, se encuentra bajo una enorme presión operativa.

"Desafortunadamente con tanta carga de trabajo, poco personal se les acumulan las carpetas de investigación y eso implica que las diligencias sean muy atrasadas", detalló María de la Luz Domínguez Campos, doctora en derecho y experta en derechos humanos. 

Los 13 centros estatales y el centro especializado de la entidad operan al 99.1% de su capacidad instalada. Al cierre de 2024, albergaban a 2,527 personas, rozando el límite de sus 2,551 espacios disponibles. Esta saturación se ve alimentada por un flujo constante; tan solo en 2024, se registraron 2,528 nuevos ingresos, principalmente por delitos contra la salud.

Los datos evidencian la urgente necesidad de resolver la indefinición jurídica de las personas internas, ya que especialistas advierten que esta situación vulnera derechos humanos fundamentales, particularmente el acceso a la justicia. En consecuencia, las principales afectadas son las víctimas de los delitos que estas personas pudieron haber cometido.