González Romo presenta iniciativa de ley para la transición gubernamental

Zacatecas, Zac. Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas, presentó una iniciativa para crear una Ley de Transición Gubernamental, con la que se busca regular la entrega-recepción del Poder Ejecutivo, durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia, realizada este lunes 26 de octubre, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno de David Monreal Ávila.

La comparecencia se llevó a cabo después de que el funcionario no acudiera en la fecha originalmente programada. En aquella ocasión, argumentó que prefería que la ciudadanía disfrutara del Festival Internacional de Teatro de Calle, cuya programación comenzaba a las 17:00 horas.

Durante la sesión, las diputadas Renata Ávila Valadez del PT y María Teresa López García del PAN, así como el diputado Eleuterio Ramos Leal del PRD, plantearon cuestionamientos sobre la vigilancia de los recursos públicos, las contrataciones gubernamentales, las sanciones a servidores públicos y las condiciones de los órganos de control. Los diputados Óscar Novella Macías, de Morena, y Pedro Martínez Flores, del PAN, optaron por no formular preguntas.

Revisan contratos señalados en investigación periodística

Renata Ávila reconoció los resultados de las auditorías que reportaron cero pesos por aclarar en la revisión de la cuenta pública de 2024 y en la primera entrega correspondiente a 2025; sin embargo, advirtió que la ausencia de observaciones no constituye una certificación general de que no existen riesgos de corrupción en toda la administración.

La legisladora retomó una investigación periodística de Heraclio Castillo sobre mil 430 procedimientos de contratación realizados entre septiembre de 2021 y septiembre de 2026.

De ellos, mil 254 contaban con fallo por aproximadamente 14 mil 636 millones de pesos; en 42 procedimientos se habría descalificado la propuesta económica más baja, con una diferencia potencial estimada en 250.8 millones de pesos, mientras que 281 registraron una sola propuesta participante.

Ávila cuestionó que la revisión de estos procedimientos se hubiera profundizado después de una instrucción del gobernador y preguntó cuántos casos habían sido examinados, cuántas investigaciones administrativas se habían iniciado, qué criterios se aplicaban para justificar las descalificaciones y cuándo se publicarían los resultados.

También pidió explicaciones sobre las adjudicaciones directas del programa Mundial Social. Citó la asignación de 44 proyectos a Contraservicios del Mineral, por aproximadamente 49.24 millones de pesos, y de otros 25 proyectos a Productos y Servicios Pares, por alrededor de 51 millones de pesos. Preguntó si se había comprobado la capacidad técnica y financiera de las empresas, así como la ejecución y entrega de las obras.

La diputada agregó cuestionamientos sobre el estado del parque vehicular de Protección Civil, al señalar que algunas unidades han sufrido percances por falta de mantenimiento y que, en ciertos casos, los propios trabajadores han tenido que cubrir gastos de su bolsillo.

En respuesta, González Romo informó que la dependencia había revisado 30 de los contratos señalados y que, hasta ese momento, no había encontrado irregularidades. Explicó que en uno de los casos la empresa que presentó la oferta más baja no pudo ser localizada en el domicilio registrado, que resultó ser un lote baldío, y que tampoco acreditaba capacidad técnica ni económica suficiente.

El secretario sostuvo que el precio más bajo no es el único criterio para adjudicar un contrato, pues también deben verificarse la capacidad de la empresa, su personal, experiencia y cumplimiento de los requisitos legales. Añadió que esperaba concluir la revisión en aproximadamente dos semanas y que los resultados se harían públicos.

Sobre los vehículos oficiales, atribuyó parte del rezago a las medidas de austeridad y a la suspensión de compras durante años anteriores. Señaló que en los presupuestos recientes se han destinado recursos para renovar unidades de distintas dependencias.

Cuestionan sanciones y retrasos en procedimientos

El diputado Eleuterio Ramos Leal reconoció el trabajo presentado por la Secretaría de la Función Pública, pero pidió datos concretos sobre el número de servidores públicos sancionados por faltas graves, las conductas más recurrentes tanto en el gobierno estatal como en los municipios y las estrategias para prevenirlas.

También cuestionó la tardanza en la resolución de procedimientos administrativos y preguntó por los avances de las investigaciones que derivaron en la suspensión preventiva de funciones en organismos laborales, entre ellos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Laboral Burocrático.

Ramos Leal planteó que, además de determinar posibles responsabilidades, los análisis deberían identificar las carencias de personal, equipo, mobiliario e insumos que afectan a esas instituciones. Advirtió que algunos procedimientos laborales tardan más de tres años, lo que genera costos para el Estado, los municipios y los trabajadores involucrados.

González Romo explicó que uno de los problemas más recurrentes detectados por la dependencia es el cobro por trámites que deberían ser gratuitos. Señaló que existen procedimientos abiertos contra servidores públicos que presuntamente solicitan dinero a ciudadanos, en particular a personas provenientes de comunidades rurales.

Asimismo, mencionó dificultades en la atención de trámites ante el Registro Agrario Nacional y señaló que la demora en esos procedimientos afecta a campesinos y ciudadanos que buscan resolver gestiones relacionadas con sus propiedades o servicios.

Sobre las investigaciones en organismos laborales, indicó que una suspensión provisional le impedía hablar de uno de los casos específicos. No obstante, al referirse a otra investigación, sostuvo que se detectaron presuntas prácticas de negociación de tiempos y resultados de procedimientos.

Informó que se separó preventivamente al personal involucrado, se abrió una investigación y se avanzaba en expedientes por posibles omisiones, peculado, abuso de funciones y falsificación de firmas. Añadió que algunos asuntos serían remitidos por la vía penal y otros ante las instancias administrativas correspondientes.

Respecto a la lentitud de los procedimientos, consideró necesario revisar las etapas de auditoría, investigación, sustanciación y resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pues pueden prolongarse entre seis y ocho años. Afirmó que estos plazos dificultan tanto sancionar a quienes cometen irregularidades como liberar de responsabilidad a servidores públicos que no incurrieron en faltas.

María Teresa López cuestiona vigilancia de obra pública

En su intervención, la diputada María Teresa López García solicitó que el secretario respondiera por escrito un conjunto de preguntas previamente preparadas por la comisión, debido a que, afirmó, en comparecencias anteriores algunas solicitudes habían quedado sin contestación.

También señaló las limitaciones de los órganos internos de control municipales, que en numerosos casos carecen de presupuesto propio, personal para investigar y sustanciar procedimientos y recursos básicos para realizar su trabajo. Consideró necesario que la Secretaría de la Función Pública y el Poder Legislativo impulsen medidas para fortalecerlos.

López García cuestionó además que, mientras algunas dependencias mantienen vehículos en malas condiciones, el gobierno estatal realice rifas de unidades en municipios durante sus foros. Pidió revisar el uso y la presupuestación de esos vehículos.

La legisladora puso especial énfasis en las inspecciones de obra pública y cuestionó que, pese a los mil 206 actos de inspección reportados por la dependencia durante cinco años, no se hubieran detectado posibles indicios de intervención del crimen organizado en las obras. También calificó de cuestionable que un gobierno estatal no tuviera observaciones en una cuenta pública.

González Romo asumió el compromiso de responder por escrito las preguntas que le fueran entregadas y defendió los resultados de las auditorías. Sostuvo que el registro de cero pesos por aclarar constituye un logro histórico derivado del trabajo coordinado de servidores públicos, áreas administrativas y equipos de auditoría.

Afirmó que durante el periodo revisado se auditaron más de 35 millones de pesos en el ejercicio que permitió alcanzar ese resultado y destacó que, según su exposición, Zacatecas logró someter a revisión más de 80 por ciento de sus recursos federales.

Reporta auditorías por 163 mil millones de pesos

En su exposición inicial, el secretario informó que la dependencia participó directa o indirectamente en auditorías federales y estatales por 163 mil 748 millones de pesos durante cinco años.

Añadió que se recibieron 2 mil 605 denuncias por posibles faltas administrativas y que, durante su gestión al frente de la dependencia, se elaboraron 400 informes de presunta responsabilidad: 350 por faltas no graves y 50 por faltas graves.

También reportó mil 206 actos de inspección relacionados con 880 obras públicas, incluidas 285 pruebas de laboratorio, así como la revisión y acompañamiento de 2 mil 418 procedimientos de adquisiciones por un monto aproximado de 26 mil 712 millones de pesos.

En materia de atención ciudadana, destacó el programa Trámite Honesto, mediante el cual, dijo, se ha apoyado a 2 mil 312 personas y se han identificado 537 barreras administrativas. Asimismo, informó que se detectaron cinco casos de presuntos cobros por trámites gratuitos.

Sobre las Patrullas de la Honestidad, señaló que han establecido más de 15 mil contactos ciudadanos y recibido 63 denuncias y 41 quejas. Agregó que durante los cinco años se presentaron 255 mil 866 declaraciones patrimoniales y se publicaron más de siete millones de documentos anuales en las plataformas de transparencia.

Anuncia vigilancia hasta el final de la administración

Al concluir la comparecencia, González Romo aseguró que la dependencia vigilará el uso de los recursos públicos hasta el último día del actual gobierno y afirmó que no permitirá prácticas conocidas como el "año de Hidalgo".

Además, presentó la iniciativa de Ley de Transición Gubernamental, firmada por el gobernador David Monreal Ávila, con la intención de establecer reglas específicas para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo, delimitar las responsabilidades de los equipos saliente y entrante y crear mecanismos institucionales para resolver inconformidades durante el proceso.

El secretario llamó a las distintas fuerzas políticas del Congreso a discutir la propuesta y sostuvo que busca garantizar una transición ordenada, transparente y profesional, sin fines electorales.

La comparecencia concluyó con el compromiso de González Romo de responder los cuestionamientos entregados por escrito por la comisión legislativa.