Informalidad en BCS afecta a más de 169 mil personas
La informalidad laboral no solo deja a miles de personas sin prestaciones básicas, también representa un obstáculo para el combate a la pobreza y limita el acceso a servicios de salud y seguridad social. En Baja California Sur, esta situación afecta a más de 169 mil personas que trabajan en condiciones precarias.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el cuarto trimestre de 2024, la entidad registró 464 mil personas económicamente activas, de las cuales el 36.3 % se encuentra en el sector informal. Es decir, más de un tercio de la población con empleo carece de acceso a derechos laborales.
Pese a este panorama, Baja California Sur figura con una de las tasas de formalidad más altas del país, con un 62.8 %, en contraste con el promedio nacional del 45 %, según datos del Servicio Nacional del Empleo. Actualmente, 228 mil empleos se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El titular del Servicio Nacional del Empleo en la entidad, Vladimir Torres Navarro, explicó que los sectores con mayor concentración de empleo informal son el comercio, la agricultura temporal y la construcción. En zonas como Los Cabos, el comercio informal ha proliferado como una forma de autoempleo.
"Lo que hacemos es informar a la gente que hay alternativas de empleo formal en todas las ciudades de Baja California Sur", señaló Torres Navarro.
Sin embargo, desde la iniciativa privada se advierte que ciertas políticas públicas podrían estar incentivando la informalidad. Para Lorena Hinojosa Olivas, consejera de la CANIRAC La Paz, las decisiones gubernamentales deben enfocarse en fortalecer la formalidad, no en facilitar el crecimiento del sector informal.
"Estas políticas, lejos de hacer crecer la formalidad, invitan a la informalidad. Se deben buscar mecanismos que realmente inhiban este fenómeno", afirmó.
La informalidad no solo representa incertidumbre laboral para quien la vive, también afecta al país en su conjunto. Entre las principales desventajas están: la falta de acceso a servicios médicos, ingresos inestables, competencia desleal y la vulnerabilidad frente a contingencias económicas.
Comerciantes establecidos también expresan su preocupación. María, una vendedora de comida, denunció que es difícil obtener permisos municipales para operar de manera formal.
"Esa presidenta municipal que tenemos no quiere dar permisos para nada", reclamó.
Martha Elena del Toro, también comerciante, reconoció que el comercio informal representa una competencia directa "Todos tenemos derecho a vivir y a vender, pero el informal es más barato, más fácil de poner que un negocio formal".
Ante este escenario, Vladimir Torres Navarro reconoció que uno de los mayores desafíos es derribar las barreras institucionales y los mitos que rodean al empleo formal, como la percepción de que es más costoso o complicado.
"La formalidad conviene a la clase trabajadora, a los patrones y a todos. Reducir la informalidad es un papel que todos podemos escribir, en el que todos podemos jugar un rol y del que todos podemos beneficiarnos ", concluyó.