En 2024, México aprobó una reforma judicial que ha generado un profundo debate sobre el futuro de la independencia del Poder Judicial
Entre sus medidas más controvertidas se encuentra la elección de jueces mediante voto popular, una modificación que, según expertos y organizaciones civiles, representa un cambio radical en la forma en que se designan a quienes deben garantizar la justicia en el país.
Esta reforma también reduce de once a nueve el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y establece un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar a todos los jueces a nivel nacional.
Un informe titulado "La Independencia Judicial en Jaque. Ataques al Poder Judicial en México 2018-2024", elaborado por la Fundación para la Justicia y la investigadora Azul A. Aguiar Aguilar, señala que esta reforma judicial fue el punto culminante de una serie de ataques sistemáticos contra el Poder Judicial impulsados desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo, principalmente por el partido gobernante, Morena, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el documento, estas acciones tenían como objetivo debilitar y controlar al Poder Judicial, que había mostrado resistencia a reformas clave propuestas por el Ejecutivo
El informe detalla que desde 2018, el Poder Judicial fue objeto de una campaña constante de deslegitimación. En particular, se documenta que en aproximadamente el 30% de las conferencias matutinas del expresidente López Obrador se realizaron comentarios críticos hacia los jueces.
Asimismo, en el ámbito legislativo, el 24% de las sesiones de la Cámara de Diputados y el 22% de las del Senado incluyeron ataques que cuestionaban la legitimidad de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta presión retórica e institucional buscaba minar la confianza pública en los tribunales y justificar reformas que alteraran su autonomía
El análisis también revela que durante el sexenio se presentaron 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias relacionadas con el Poder Judicial, de las cuales más de la mitad estaban dirigidas a modificar su independencia y estructura institucional.
Estas propuestas, impulsadas por legisladores de Morena y sus aliados, evidencian, de acuerdo al documento, una intención clara de intervenir en el diseño y funcionamiento del sistema judicial, limitando su capacidad para actuar como un contrapeso efectivo frente a los otros poderes del Estado.
Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma de 2024 es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que, según el informe, funciona como un mecanismo de supervisión sin suficientes controles que podría socavar el equilibrio entre poderes y la autonomía judicial.
En lugar de fortalecer la rendición de cuentas, este tribunal podría convertirse en una herramienta para presionar y controlar a los jueces, afectando su independencia
El documento concluye que, lejos de resolver los problemas estructurales que dificultan el acceso a la justicia para la población, especialmente para los sectores más vulnerables, la reforma profundiza las desigualdades existentes.
Se advierte que el nuevo sistema judicial será más opaco, menos eficiente y susceptible a prácticas clientelares, lo que pone en riesgo la confianza ciudadana y la calidad de la justicia en México.