La nueva Corte: tropiezos, divisiones y pendientes
Por:
Abel Martínez
CDMX
Fecha: 05-10-2026
CDMX
Fecha: 05-10-2026
La Suprema Corte llegó en septiembre de 2025 con la promesa de transformar la justicia mexicana. Un año después, enfrenta errores en sesiones, divisiones internas, una menor cantidad de asuntos resueltos, grandes debates jurídicos pendientes y una disputa por la sucesión de su presidencia.
El 1 de septiembre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz asumió la presidencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación renovada por completo y presentó el inicio de una nueva etapa.
La promesa era ambiciosa: una Corte sin privilegios, cercana a la sociedad, transparente, independiente y capaz de garantizar que nadie quedara fuera de la justicia.
"En esta nueva etapa nadie quedará fuera. Nadie será olvidado. Nadie se quedará sin justicia", afirmó Aguilar al inicio de la nueva integración.
Un año después, la transformación es evidente en la estructura del máximo tribunal, pero también en sus problemas.
La desaparición de las dos salas concentró todos los asuntos en el Pleno; los nuevos ministros enfrentaron una curva de aprendizaje; algunas sesiones terminaron con errores que tuvieron que ser corregidos y varias de las decisiones que podrían definir el perfil de la nueva Corte siguen pendientes.
A ello se suma una disputa que deberá resolverse antes de 2027: quién ocupará la presidencia después de Hugo Aguilar.
Un error en una votación obligó a la Corte a corregirse
Uno de los primeros tropiezos ocurrió en enero de 2026, durante la discusión sobre el pago retroactivo de una pensión.
El proyecto planteaba que el trabajador debía reclamar primero ante la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del sindicato.
La votación terminó con cinco ministros en contra y cuatro a favor. El proyecto, por tanto, fue rechazado.
Sin embargo, Daniel Álvarez Toledo, secretario general de Acuerdos, comunicó el resultado de manera inversa y anunció que la propuesta había sido aprobada.
"Ministro presidente, me permito informar que existe mayoría de voto a favor de la propuesta", dijo durante la sesión.
La sesión terminó y posteriormente la Corte tuvo que corregir el resultado.
El episodio expuso uno de los problemas que acompañan a la nueva integración: la necesidad de adaptarse a una dinámica distinta después de la reforma judicial que modificó la estructura del máximo tribunal.
Otro error apareció durante una sesión de Lenia Batres
En marzo ocurrió otro episodio.
Durante la discusión de un recurso de apelación, la ministra Lenia Batres confundió el expediente con otro asunto relacionado con el Código Penal de Colima.
El presidente de la Corte tuvo que aclararle cuál era el caso que se encontraba en discusión.
Batres rectificó durante la sesión.
"Mi consideración al juicio de amparo resulta improcedente... recurso de apelación 12/2025, me estoy pasando al otro del ministro, ¿verdad? Jejeje. Ministro Arístides, en este voy a apoyarlo con mi voto a favor", reconoció.
Los errores no definieron por sí mismos el trabajo de la nueva Corte, pero sí hicieron visibles las dificultades de una integración que comenzó funciones sin la experiencia acumulada de sus antecesores.
El debate sobre la cosa juzgada abrió otra discusión de fondo
Más delicado fue el debate de noviembre de 2025 sobre la posibilidad de revisar juicios que ya habían concluido cuando existieran indicios de fraude.
Los ministros se dividieron cinco contra cuatro.
La discusión tocaba uno de los principios fundamentales de cualquier sistema judicial: la cosa juzgada, es decir, la estabilidad de las resoluciones definitivas.
La propuesta no obtuvo los seis votos necesarios para modificar el criterio, pero abrió una pregunta de fondo: ¿puede revisarse una sentencia definitiva cuando el proceso que la originó estuvo marcado por fraude?
"¿Hay cosa juzgada cuando se llega a la cosa juzgada mediante fraude, mediante contubernio, mediante acciones ilícitas? Creo que es una pregunta válida", sostuvo Hugo Aguilar.
Para Irving Espinosa Betanzo, la discusión puede justificarse cuando una decisión aparentemente definitiva fue obtenida mediante conductas ilícitas.
"A través de este principio de cosa juzgada se han mantenido y se han sostenido decisiones totalmente injustas y eso es lo que ha impedido la revisión de decisiones que afectan no solamente el interés particular, sino que incluso afectan el interés público", señaló.
La Corte, sin embargo, no modificó el criterio.
La eficiencia también está bajo escrutinio
La nueva Corte eliminó las dos salas que anteriormente distribuían el trabajo jurisdiccional y concentró todos los asuntos en el Pleno.
La nueva estructura fue presentada como una oportunidad para hacer más eficiente el funcionamiento del máximo tribunal.
Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, la Corte reportó 898 asuntos resueltos y sostuvo que era 5.4 veces más resolutiva por sesión que la estructura anterior.
Pero al revisar el primer año completo, el volumen de asuntos resueltos fue menor al registrado por la anterior integración en periodos comparables.
Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, la nueva Corte resolvió 2 mil 371 asuntos.
La anterior resolvió 3 mil 534 entre 2023 y 2024, y 2 mil 860 entre 2024 y 2025.
Las cifras no corresponden a periodos ni estructuras idénticas, por lo que no constituyen una comparación estrictamente equivalente. Sin embargo, dimensionan uno de los principales retos de la nueva organización: concentrar toda la carga de trabajo en el Pleno.
"La Suprema Corte actual, la nueva integración, ha resuelto menos asuntos que la Corte anterior", señaló Laurence Pantin.
La curva de aprendizaje de los nuevos ministros también aparece como una explicación.
Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, explicó que la eliminación de las salas modificó sustancialmente la forma de trabajo.
"La reforma judicial también eliminó las dos salas que conformaban la Suprema Corte y el trabajo de la Suprema Corte, en lugar de hacerse por salas, se realiza todo en Pleno", señaló.
Los grandes debates siguen pendientes
Mientras la estructura cambió, varios de los asuntos jurídicos de mayor trascendencia permanecen sin una definición de fondo.
Entre ellos están la doble tributación, la muerte digna y los derechos de las personas con discapacidad.
También está pendiente la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, una de las figuras más controvertidas del sistema penal mexicano porque permite mantener a una persona en prisión sin una sentencia por el delito que se le imputa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México eliminar su aplicación obligatoria.
Para Alex Ali Méndez, la situación coloca a México en una posición particularmente delicada frente al sistema interamericano.
"México, en materia de prisión preventiva oficiosa, está violentando acuerdos y compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", afirmó.
Pero los pendientes también han impedido observar con claridad cuál será la verdadera orientación de la nueva Corte.
El abogado sostuvo que, en materias como derechos de las mujeres, derechos de comunidades indígenas y derechos ambientales, existe una continuidad respecto de la integración anterior.
"Al menos, por ejemplo, en derechos de las mujeres, derechos de comunidades indígenas, derechos ambientales, generalmente hay una continuidad", explicó.
Y añadió:
"No hay un gran cambio en lo que se refiere a lo que se viene trabajando en la Corte anterior".
La propia ministra Lenia Batres reconoció que algunos de los grandes debates permanecen abiertos.
"La estrategia también de esta Suprema Corte ha sido dejar pendientes esos grandes debates que nos mostrarían ahora sí la cara completa de la nueva integración", afirmó.
Las diferencias internas también han quedado expuestas
La nueva Corte tampoco ha sido ajena a las divisiones.
Un análisis de más de 120 asuntos realizado por el Observatorio Judicial identificó diferencias importantes entre algunos ministros. Entre ellas, las registradas entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel en alrededor de 30 por ciento de los casos analizados.
Las tensiones también han aparecido durante las sesiones públicas.
En agosto, Batres retiró un proyecto relacionado con la notificación a autoridades de sentencias de amparo después de que varios ministros cuestionaran su propuesta.
La ministra relacionó las objeciones con un oficio que había enviado sobre el presupuesto de la Corte.
"No hay problema, ministro. Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones y, de verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte", expresó.
Yasmín Esquivel respondió:
"Yo no pensaba intervenir, pero se hacen expresiones que me parecen preocupantes. No sé dónde están las dudas. Y bueno, este oficio que se envía al Órgano de Administración Judicial, pues sería muy conveniente que nos dijeran de qué se trata. Nos estamos enterando en este momento. Un tema que no tiene nada que ver con el debate", dijo.
Más allá del episodio concreto, el intercambio mostró que las diferencias internas ya forman parte de las sesiones públicas de la nueva integración.
La sucesión de Hugo Aguilar: dos reglas para una misma presidencia
Pero el problema político y jurídico de mayor alcance podría estar todavía por delante.
La reforma judicial dejó dos disposiciones constitucionales que pueden generar una interpretación distinta sobre la sucesión en la presidencia de la Corte.
El artículo 94 vincula la sucesión con el número de votos obtenidos en la elección.
El artículo 97 establece que la presidencia sea elegida por los propios ministros.
Dos reglas para definir un mismo cargo.
La interpretación de cuál debe prevalecer tendrá que resolverse antes de 2027.
Arturo Espinosa Silis considera que la disposición constitucional permite identificar desde ahora quién debería suceder a Hugo Aguilar.
"Me queda muy claro que la siguiente persona más votada después del ministro presidente Hugo Aguilar es la ministra Lenia Batres. Nos guste o no nos guste, eso es lo que dice la Constitución", afirmó.
Pero también sostuvo que Batres representa una posición particularmente radical dentro de la nueva integración.
"También me queda muy claro que las posiciones de la ministra Batres son las más radicales", señaló. Este tema de la disputa por la presidencia me parece que tiene que ver más con un tema de generar certeza, generar tranquilidad jurídica hacia los inversionistas. Creo que la ministra Batres no manda ese mensaje", afirmó.
La sucesión, por tanto, no será solamente un relevo administrativo. Puede convertirse en una definición sobre el rumbo que tomará la Corte durante los siguientes años.
La austeridad también encontró contradicciones
La nueva integración llegó con otra promesa: terminar con los privilegios.
Sin embargo, durante su primer año la Corte adquirió nueve camionetas blindadas con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos cada una.
Después de las críticas, los ministros decidieron no utilizarlas.
Al mismo tiempo, la nueva Corte eliminó para los ministros los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada que tenían sus antecesores.
Meses después, propuso restituir el seguro médico para parte del personal, lo que volvió a generar cuestionamientos.
La propia presidenta Sheinbaum ironizó sobre la distancia entre las promesas y algunas prácticas dentro del Poder Judicial.
"Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, ¿no? Sí, como que se transforman, no sé. Ha de estar embrujado, los espíritus del pasado, no sé", dijo.
Hugo Aguilar confirmó posteriormente que los ministros continuarían sin seguro de gastos médicos mayores.
Para Arturo Espinosa Silis, el problema va más allá de una prestación específica.
"El discurso de la austeridad es un discurso que vende, es un discurso populista", sostuvo.
Y añadió:
"La austeridad es una falacia, es un cuento de hadas y para los ministros es exactamente lo mismo".
Un año después, la transformación sigue abierta
La nueva Suprema Corte llegó con una misión ambiciosa: transformar al Poder Judicial y acercar la justicia a la sociedad.
Un año después, sí hay cambios estructurales.
Ya no existen las dos salas. Todos los asuntos se concentran en el Pleno. La integración es completamente distinta y la presidencia está en manos de Hugo Aguilar Ortiz, elegido después de la primera elección judicial.
Pero la nueva Corte también ha mostrado tropiezos en sus sesiones, diferencias entre ministros, controversias presupuestales, una disputa constitucional sobre su próxima presidencia y una carga de asuntos que, bajo las cifras disponibles, ha sido menor a la de la integración anterior en periodos comparables.
Y, sobre todo, todavía no ha resuelto algunos de los asuntos que permitirán conocer con mayor claridad cuál será su verdadera orientación.
La transformación, por tanto, todavía está en proceso.
Para sus críticos, el riesgo es que la nueva justicia termine marcada por una creciente influencia política.
"Apenas estamos viendo el inicio de la destrucción de nuestra justicia en nuestro país", advirtió Arturo Espinosa Silis.
Y agregó:
"La justicia va a empeorar, las lógicas políticas cada vez van a imperar más y cada vez se van a imponer más. Todavía nos falta una elección con la otra mitad de los impartidores de justicia".
La nueva Corte llegó prometiendo una justicia más cercana, transparente, eficiente e independiente.
Después de su primer año, la pregunta sigue abierta:
¿Cuánto ha cambiado realmente la justicia en México?
