La transa del agua: pérdidas de hasta $122 MDP por robo

Zacatecas, Zac.- En Zacatecas, el acceso al agua potable se ve comprometido por una problemática creciente: el robo y uso ilegal del vital líquido. Desde tomas clandestinas en zonas urbanas hasta la extracción no regulada en el campo, este fenómeno no solo genera pérdidas millonarias, sino que expone una crisis institucional profunda.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene registradas 26,000 concesiones en todo el estado, pero 3,000 de ellas se encuentran vencidas. El 95% de todas las concesiones son de uso agrícola, mientras que el 5% restante se reparte entre público-urbano, servicios, industrial, minero y doméstico.

Myrna Lorena Ortiz Solís, Subdirectora de Administración del Agua de CONAGUA Zacatecas, explica que actúan bajo denuncia. "Atendemos conforme a las denuncias de que se está llevando a cabo una perforación sin permiso (...) o en municipios donde reportan que de un pozo están vendiendo pipas de agua, actividades que no se encuentran reguladas".

Una de las caras más visibles del problema es el robo en zonas urbanas. La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) reporta que un alarmante 20% de toda el agua que extrae se pierde a través de tomas clandestinas, lo que representa una pérdida financiera potencial de más de 122 millones de pesos cada año.

Manuel de Jesús Macías Patiño, docente investigador en temas hídricos, considera que "la autoridad en materia de agua en México ha sido rebasada con todos estos asuntos de las transacciones ocultas (...) Este tema es un tema de desorden administrativo".

Este desorden se traduce en una extracción ilegal masiva. Macías Patiño pone como ejemplo la cuenca de Fresnillo, Calera, Villa de Cos y Zacatecas: "Se tienen registrados del orden de 2 mil y tantos pozos cuando en realidad hay cerca de más de 3 mil 400 pozos".

Los municipios que concentran la mayor cantidad de denuncias son Fresnillo, Villa de Cos y Guadalupe. En lo que va de 2025 se han registrado 50 denuncias, un aumento comparado con las 30 de 2024. A la fecha, CONAGUA ha clausurado 25 pozos ilegales, pero solo se ha presentado una denuncia penal.

"Hay muchas personas que no denuncian, que tienen una complicidad con las personas que están utilizando aguas nacionales sin la concesión debidamente otorgada", lamenta Ortiz Solís.

El resultado es un círculo vicioso: un desorden administrativo que permite miles de pozos ilegales, concesiones vencidas que sobreexplotan los mantos, y un robo urbano millonario que impide reparar fugas. Una crisis institucional que deja sin agua a los ciudadanos, mientras el saqueo continúa.