Zacatecas, Zac. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció que solicitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y a las instancias correspondientes revisar los antecedentes de posibles irregularidades en las contrataciones y operaciones de los organismos electorales locales, luego de la información difundida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre presuntas redes de proveedores de materiales y servicios electorales.
A través de un posicionamiento, el mandatario estatal expresó su respaldo a la presidenta y consideró necesario esclarecer si la estructura empresarial señalada en el ámbito nacional tuvo participación en contratos relacionados con los procesos electorales de Zacatecas.
El documento señala que la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incluye referencias a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos antecedentes se remontan a su paso por la Secretaría de Gobernación durante la década de 1980 y posteriormente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como a sus presuntas relaciones con Juan Carlos Padilla Aguilar.
También menciona posibles vínculos políticos e institucionales con Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo.
El posicionamiento aclara que corresponde a las autoridades competentes determinar, mediante investigaciones sustentadas en documentos y pruebas, si estas relaciones derivaron en conflictos de interés, irregularidades administrativas o conductas contrarias a la ley.
Monreal Ávila sostuvo que la autonomía de las instituciones electorales no las exime de cumplir con sus obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y transparentar los procedimientos de contratación, los montos ejercidos, la participación de proveedores y los criterios para adjudicar servicios y materiales electorales.
El gobernador también señaló que la revisión debe abarcar distintas administraciones y etapas institucionales, sin atribuir anticipadamente responsabilidades a un gobierno en particular.
Finalmente, reiteró que solicitará a la Fiscalía estatal y a las instancias legalmente competentes revisar los antecedentes y determinar si existen elementos para iniciar investigaciones.
