No fue la lluvia, fue la minería: Red de Afectados por minería

Zacatecas, Zac. La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería denunció que un derrame de jales de la Minera Sabinas, propiedad de Industrias Peñoles, afectó 13.58 kilómetros de cauces en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, hasta llegar al río Súchil.

La organización exigió una investigación independiente para determinar las causas del incidente, la magnitud de la contaminación y los posibles riesgos para la población y los ecosistemas.

Cuestionan explicación de las lluvias

En un comunicado, la red rechazó que las precipitaciones registradas en la zona sean consideradas una explicación suficiente del derrame, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atribuyera el incidente a las lluvias y ordenara la clausura temporal y parcial del área de depósito de jales.

La organización señaló que es necesario investigar si hubo fallas en el diseño, mantenimiento, operación o seguridad de las instalaciones mineras, así como establecer las responsabilidades correspondientes con base en evidencia verificable.

De acuerdo con el posicionamiento, la Procuraduría inspeccionó la zona el 8 de octubre y constató la presencia de residuos mineros desde las instalaciones hasta la comunidad de Estación de Canutillo. Sin embargo, el derrame se dio a conocer públicamente el día 20 de ese mes.

Exigen transparencia y reparación ambiental

Ante estos hechos, la red solicitó que se publique el acta de inspección del 8 de octubre, junto con los resultados de los muestreos, la composición y el volumen estimado de los jales, las causas del derrame y las acciones realizadas por las autoridades.

También pidió mantener las medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes, evaluar los riesgos para el agua y la salud de las comunidades cercanas, aplicar medidas preventivas y garantizar la restauración ambiental.

Finalmente, exigió investigar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Minera Sabinas e Industrias Peñoles, así como posibles omisiones de las autoridades ambientales. La organización sostuvo que las comunidades tienen derecho a conocer los resultados de los estudios y participar en las decisiones que afecten sus territorios.