Zacatecas, Zac.- Zacatecas arrastra proyectos de infraestructura que han sobrevivido a cambios de administración sin cumplir el objetivo para el que fueron presupuestados. Obras abandonadas, retrasadas, paralizadas o canceladas han dejado recursos inmovilizados y, en algunos casos, nuevos costos y litigios.
Rezago histórico en obra pública
El rezago de obra pública en Zacatecas se arrastra desde hace por lo menos tres administraciones. Durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, entre 2010 y 2016, se concentraron cuatro obras emblemáticas inconclusas o abandonadas: el Centro Cultural Toma de Zacatecas, la Presa Milpillas, el Megaproyecto Cerro de la Bufa y el Nuevo Teleférico. En la administración de Alejandro Tello Cristerna, de 2016 a 2021, estas obras heredadas se mantuvieron paralizadas, particularmente Milpillas, que siguió detenida, y el Centro Cultural, que permaneció en abandono. Ya en el gobierno de David Monreal Ávila, de 2021 a 2026, algunas obras fueron retomadas o concluidas, como el Paso Superior Vehicular El Orito, que ya fue concluido; otras siguen en proceso, como el Platabús; mientras que el Viaducto Elevado fue cancelado en 2025 y la Presa Milpillas sigue en pausa jurídica.
Sobre el estatus y abandono temporal de las construcciones, Francisco Javier Capetillo Velazco, presidente de la CMIC Zacatecas, explicó:
"En la obra pública cuando un proyecto no se termina, generalmente quedan ahí en un espacio considerable de tiempo hasta que se le vuelve a asignar un recurso (...) En otras situaciones la obra se deja sola hasta que vuelve a haber recurso y se contrata a la empresa que estaba o alguna nueva."
Sobrecostos y estatus de proyectos millonarios
El paso de los años también ha modificado considerablemente el costo de algunos de estos proyectos.
Entre las obras más representativas de Zacatecas destacan proyectos con montos millonarios, avances desiguales y distintos desenlaces. El Centro Cultural Toma de Zacatecas tuvo una inversión inicial de 404 millones de pesos, pero hoy su costo actualizado asciende a mil 230 millones, pese a que fue inaugurado sin estar terminado. La Presa Milpillas comenzó con un presupuesto inicial de 3 mil 500 millones de pesos, pero su costo estimado actual subió a 8 mil 900 millones, y sigue paralizada, sin fecha de término. En contraste, el Paso Superior Vehicular El Orito implicó una inversión superior a 370 millones de pesos, ya está concluido. El Platabús registra una inversión de 200 millones de pesos, continúa en proceso, con la Terminal 1 concluida al 100 por ciento. Finalmente, el Viaducto Elevado contemplaba un monto total de 3 mil 652 millones de pesos; se entregó un anticipo de 500 millones, mantiene un litigio vigente por 370 millones y fue cancelado en mayo de 2025.

Contratación y fiscalización de recursos
La contratación de obra pública en Zacatecas se rige por tres esquemas según el monto de cada proyecto. La adjudicación directa aplica para obras de hasta 1.8 millones de pesos; la invitación a por lo menos tres personas corresponde a montos de 1.8 a 3.5 millones de pesos; y la licitación pública es obligatoria para obras superiores a 3.5 millones de pesos. Además, los registros oficiales muestran un volumen importante de trámites y control administrativo: en los últimos años se reportan 748 dictámenes de terrenos, 352 opiniones de preferencia de parcelas ejidales y mil 38 constancias de compatibilidad urbanística. En materia de fiscalización, también se documentaron 38 cuentas públicas municipales con observaciones y un monto de 55.6 millones de pesos en anomalías detectadas.
Respecto a la operatividad e inversiones actuales en este sector, el presidente de la CMIC Zacatecas añadió:
"Andamos alrededor de las mil cuatrocientas, algunas de ellas son de adquisiciones, por ejemplo la mezcla asfáltica que también es parte de la obra (...) toda la inversión que se ha ido en la seguridad en el C5 ha habido ahí una inversión muy importante; los gimnasios, las casas del bienestar."
La obra pública no termina cuando se asigna presupuesto: requiere planeación, continuidad y vigilancia hasta su entrega. Cuando un proyecto queda detenido durante años, el costo no sólo permanece en el expediente; también se traduce en infraestructura que la población financió, pero todavía no puede utilizar.