Productores de frijol rechazan precio de 20 pesos y exigen mantener garantía

Zacatecas, Zac Productores de frijol de distintos municipios de Zacatecas rechazaron la propuesta de establecer en 20 pesos por kilogramo el precio de garantía para la próxima cosecha y exigieron al Gobierno Federal respetar los 27 pesos que se pagaron el año pasado, al advertir que los costos de producción han aumentado y las condiciones del campo son cada vez más complicadas.

Durante una conferencia de prensa, Fernando Galván Martínez, productor de frijol e integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, sostuvo que los agricultores no aceptarán una reducción en el precio y adelantó que organizarán movilizaciones para defender sus demandas.

" Nuestra postura es no ceder ni un centímetro de los precios de garantía de 27 pesos", expresó, al señalar que incluso consideran que el kilogramo debería pagarse en 28 pesos, debido al incremento en los insumos y el combustible.

Galván Martínez explicó que actualmente el litro de diésel alcanza los 28 pesos, mientras que los gastos de operación han aumentado considerablemente, por lo que recibir 20 pesos por kilogramo no permite recuperar la inversión realizada durante el ciclo agrícola.

Además, denunció que algunos productores están vendiendo su cosecha a intermediarios conocidos como coyotes en precios de entre nueve y 10 pesos por kilogramo, situación que, dijo, evidencia la desventaja económica en la que se encuentran quienes trabajan directamente la tierra.

El productor también cuestionó que las autoridades pretendan justificar el precio de 20 pesos bajo el argumento de combatir el coyotaje, pues consideró que estos intermediarios continuarán operando mientras existan productores que no tengan alternativas para comercializar sus cosechas.

Rechazan límites de cinco toneladas por productor

Otro de los puntos que generó inconformidad es la posibilidad de limitar la recepción de frijol a cinco u ocho toneladas por productor, cuando muchos agricultores siembran entre 20 y 30 hectáreas y requieren entregar volúmenes mayores.

Galván Martínez explicó que, bajo el rendimiento estimado de 500 kilogramos por hectárea, un productor con 30 hectáreas podría obtener alrededor de 15 toneladas, por lo que un límite de cinco toneladas lo obligaría a buscar otras alternativas de comercialización.

Advirtió que estas restricciones también podrían favorecer la venta de folios a intermediarios, además de que algunos productores podrían quedarse sin posibilidades de entregar el resto de su cosecha en los centros de acopio.

En ese sentido, señaló que hasta el momento existe incertidumbre sobre las reglas de operación, los mecanismos de recepción y los volúmenes permitidos, pues aseguró que circulan distintas versiones entre los agricultores, pero todavía esperan información oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sequía reduciría hasta 30% la producción

El dirigente también alertó sobre las afectaciones ocasionadas por la sequía, al estimar que este año podría registrarse una disminución de hasta 30% en la superficie sembrada, además de un menor rendimiento en las parcelas que sí lograron establecerse.

Como ejemplo, relató que recientemente trilló cuatro hectáreas y únicamente obtuvo nueve costales de frijol, lo que refleja las dificultades que enfrentan los productores durante el actual ciclo agrícola.

Por ello, reprochó que las autoridades no hayan dado respuestas concretas a las solicitudes de apoyo por sequía y pidió establecer programas emergentes para quienes no lograron obtener cosechas, así como subsidios al diésel para reducir los costos de producción.

También planteó que se devuelvan los recursos a productores que realizaron trámites durante febrero en ventanillas del programa Producción para el Bienestar, pero que, según señaló, resultaron afectados por problemas administrativos.

Denuncian trabas en el Registro Agrario Nacional

Durante el encuentro, Galván Martínez también denunció presuntas irregularidades y malos tratos hacia campesinos y trabajadores en el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA), por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para resolver los conflictos internos que, aseguró, afectan la atención a los ejidatarios.

En representación del ejido El Fuerte, del municipio de Río Grande, José Guadalupe expuso que existen trámites de reconocimiento de derechos ejidales que llevan varios años sin resolverse, lo que impide a los integrantes de los núcleos agrarios contar con certeza jurídica sobre sus tierras y realizar gestiones relacionadas con herencias y derechos parcelarios.

A su vez, Marta Morales, productora de la colonia Progreso de Río Grande, expresó su inconformidad por la propuesta de reducir el precio del frijol y pidió a las autoridades reconocer el esfuerzo de quienes trabajan la tierra, particularmente de los adultos mayores que continúan participando en las labores de cosecha.

"Queremos el precio justo de 27 pesos. El año pasado ya estuvo así, ahora por qué nos lo quieren bajar", manifestó.

Advierten que las movilizaciones podrían aumentar

Por su parte, Ramiro Alfaro coincidió en que los representantes del sector agrícola en el Congreso y el Senado deben participar en las negociaciones sobre los precios de garantía, al considerar que es necesario tomar en cuenta los costos reales de producción.

Galván Martínez aseguró que la inconformidad no se limita a un grupo de productores, sino que existen agricultores de municipios como Fresnillo, Guadalupe, Villa de Cos, Pánuco, Río Grande, Sombrerete y  Francisco R Murgüia, que participan en la organización.

Indicó que, aunque por el momento buscan privilegiar el diálogo con las autoridades federales, no descartan incrementar las movilizaciones si no reciben respuestas a sus demandas.

"Queremos el diálogo y el acuerdo con el Gobierno Federal", sostuvo, al advertir que la inconformidad del campo también se manifiesta en otras entidades del país, por lo que las acciones podrían extenderse a estados como Chihuahua, Durango y Guanajuato.

Los productores insistieron en que sus principales exigencias son mantener el precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, ampliar el volumen de recepción por agricultor, establecer apoyos ante la sequía y garantizar condiciones de comercialización que les permitan recuperar sus inversiones.