Proponen en Zacatecas nueva ley para mejorar atención de salud mental

Zacatecas, Zac. Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado busca actualizar las reglas de atención en salud mental y adicciones, con un modelo más cercano a las comunidades y basado en los derechos humanos.

La iniciativa de Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Zacatecas plantea cambiar la forma en que se atienden los problemas de salud mental y las adicciones.

El proyecto propone dejar atrás un modelo centrado principalmente en hospitales psiquiátricos y avanzar hacia una atención comunitaria, preventiva, integral y cercana a las personas y sus familias.

La propuesta reconoce la salud mental como parte fundamental del bienestar y establece que todas las personas deben tener acceso a servicios de atención sin discriminación.

Atención más cerca de las comunidades

Uno de los principales objetivos es que la atención psicológica y psiquiátrica no se concentre únicamente en hospitales especializados.

La iniciativa plantea fortalecer el primer nivel de atención, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y los hospitales generales, para facilitar la detección temprana, el tratamiento y la rehabilitación.

En Zacatecas actualmente existen siete Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, ubicados en los municipios de Zacatecas, Fresnillo, Río Grande, Loreto, Nochistlán, Tlaltenango y Concepción del Oro.

Derechos de las personas usuarias

El proyecto establece diversos derechos para quienes reciben atención por problemas de salud mental o adicciones.

Entre ellos destacan el derecho a recibir un trato digno y sin discriminación, contar con información clara sobre su tratamiento, participar en las decisiones relacionadas con su atención y otorgar o rechazar un tratamiento mediante consentimiento informado.

También se plantea que las personas puedan recibir atención lo más cerca posible de su comunidad y mantener la confidencialidad de su información.

Internamiento como último recurso

La iniciativa establece que el internamiento deberá ser una medida de última instancia y por el tiempo estrictamente necesario.

De acuerdo con el proyecto, se busca evitar que una persona sea internada por problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda. También se prohíben prácticas como el aislamiento prolongado, los tratos crueles o degradantes y el uso de la contención como castigo.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, se plantea privilegiar las alternativas comunitarias y, cuando exista una justificación clínica para internarlos, que la atención se realice en hospitales generales o pediátricos.

Mayor atención a niñas, niños y adolescentes

La propuesta contempla acciones específicas para el sector educativo, al incorporar contenidos sobre salud mental y prevención de adicciones en los programas educativos, así como fortalecer la detección temprana de problemas emocionales.

También se contemplan acciones para prevenir el acoso escolar, la violencia, las conductas suicidas y el consumo problemático de sustancias.

El personal docente y directivo recibiría capacitación para identificar señales de alerta y brindar primeros auxilios psicológicos o canalizar a las y los estudiantes hacia los servicios correspondientes.

Prevención del suicidio

La iniciativa dedica un apartado específico a la prevención y atención del suicidio. al fortalecer la capacitación del personal de salud y de quienes atienden situaciones de crisis, mantener protocolos de atención y desarrollar campañas permanentes de sensibilización.

Las personas que hayan realizado un intento de suicidio, así como sus familiares, tendrían derecho a recibir atención con confidencialidad y sin revictimización.

En los casos que involucren a niñas, niños o adolescentes, se establece la obligación de dar aviso a las autoridades encargadas de proteger sus derechos.

Atención para grupos en situación de vulnerabilidad

El proyecto también contempla una atención prioritaria para grupos que pueden enfrentar mayores riesgos, entre ellos niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle o pobreza, migrantes y víctimas de violencia.

La intención es que los servicios consideren las necesidades particulares de cada grupo y reduzcan las barreras que dificultan el acceso a la atención.

La propuesta crea un Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, encargado de coordinar acciones, proponer políticas públicas y evaluar programas relacionados con la salud mental y las adicciones.

También se contempla la creación de Consejos Municipales para acercar la coordinación y las acciones preventivas a las comunidades.

La iniciativa involucra a autoridades de salud, educación, justicia, seguridad, desarrollo social, juventud, discapacidad y otros sectores, además de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Una ley para actualizar el marco estatal

La propuesta busca armonizar la legislación de Zacatecas con los cambios realizados a nivel nacional en materia de salud mental y adicciones desde 2022.

El proyecto señala que esta actualización es necesaria ante la transición hacia un modelo comunitario y la necesidad de fortalecer la prevención, la atención de las adicciones, la prevención del suicidio y la protección de los derechos humanos.

La iniciativa fue elaborada con la participación de organizaciones civiles, especialistas, académicos y servidores públicos mediante foros y reuniones de trabajo realizados durante 2025.

En caso de avanzar en el Congreso del Estado, la nueva legislación establecería las bases para que la salud mental y la prevención de adicciones tengan una atención más cercana, accesible y coordinada en Zacatecas.