Zacatecas, Zac El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, confió en que la entrega de información solicitada por el sindicato permita destrabar el conflicto laboral y evitar que el paro general de actividades continúe este jueves, al asegurar que la administración universitaria está dispuesta a aclarar cualquier inconsistencia o documento que haga falta.
Explicó que durante la tarde del martes se entregó la documentación requerida por la representación sindical, con la intención de evitar la suspensión de actividades académicas.
Sin embargo, reconoció que será necesario esperar las observaciones de los docentes, quienes han manifestado inconformidad y señalado que la información proporcionada estaría incompleta.
Ofrecen aclarar dudas sobre documentación
Román Gutiérrez aseguró que la Rectoría no pondrá obstáculos para entregar la información que sea necesaria y sostuvo que existe disposición para instalar mesas de trabajo bilaterales en las que se revisen los documentos de manera detallada.
Indicó que estos espacios permitirían desmenuzar la información, aclarar dudas y generar condiciones para avanzar en las negociaciones, por lo que insistió en que no existe motivo para retrasar la entrega de los datos que solicite el sindicato.
El rector manifestó que espera que las observaciones puedan revisarse y solventarse durante este miércoles, sin esperar hasta el jueves, con el propósito de que estudiantes, docentes y trabajadores administrativos retomen sus actividades habituales.
Asimismo, recordó que desde el lunes se planteó la instalación de mesas de negociación y que incluso el pasado lunes acudieron al sindicato con una propuesta de agenda de trabajo; sin embargo, señaló que quedaron a la espera de una contrapropuesta por parte de la representación sindical.
Descartan pagar prestación de 25 años de servicio
En otro tema, el rector reiteró que la Universidad no puede autorizar el pago de la prestación por 25 años de servicio a los docentes que la reclaman, debido a que existen resoluciones judiciales que, aseguró, impiden a la institución realizar dichos desembolsos.
Explicó que algunos trabajadores recurrieron a instancias legales y obtuvieron sentencias sobre el tema, por lo que modificar lo establecido en esas resoluciones podría generar problemas jurídicos para las autoridades universitarias.
Detalló que el pago de esta prestación representaría un impacto aproximado de 800 millones de pesos para la institución, mientras que cada docente podría recibir entre 800 mil y un millón de pesos.
Además del impacto financiero, señaló que la prestación corresponde a trabajadores que ingresaron a la Universidad antes de 1991 y que, desde 2016, cuando debió comenzar a cubrirse, ninguna administración rectoral ha realizado estos pagos.
El rector sostuvo que no se trata únicamente de una limitación económica, sino de un asunto jurídico que debe explicarse nuevamente a los inconformes, por lo que propuso incorporar esta demanda a las mesas de negociación para exponer los fundamentos legales y las resoluciones correspondientes.
Finalmente, insistió en que la Universidad mantiene disposición para revisar la documentación entregada y atender las observaciones sindicales, con la expectativa de que el conflicto pueda resolverse y se reanuden las actividades académicas.
