Reducirá la universidad hasta 2 mil horas de funcionarios para ahorrar recursos

Zacatecas, Zac A partir de enero de 2027, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) contempla reducir entre mil 500 y 2 mil horas de trabajo de funcionarios y personal de confianza, tanto de la administración central como de las unidades académicas, para optimizar el uso de los recursos y disminuir el gasto administrativo, informó el rector Ángel Román Gutiérrez.

Durante una conferencia de prensa que se prolongó por más de una hora y en la que estuvo acompañado de funcionarios universitarios, el rector explicó que la propuesta consiste en que parte del personal que actualmente desempeña funciones administrativas regrese a las aulas para cubrir cargas frente a grupo.

Precisó que se trata de una primera etapa de optimización que contempla a funcionarios de las distintas áreas de la administración central, así como de las unidades académicas, cuyo número conjunto representa entre mil 500 y 2 mil horas de trabajo.

Buscan reducir el gasto administrativo

Román Gutiérrez señaló que esta medida forma parte de una estrategia de ahorro para 2027, con la que la institución pretende generar economías por aproximadamente 130 millones de pesos.

Indicó que la intención es aprovechar el personal y los recursos humanos con los que ya cuenta la universidad, en lugar de continuar incrementando la estructura administrativa mediante nuevas contrataciones.

Añadió que la reducción de horas también permitirá revisar la distribución de funciones y detectar espacios en los que sea posible optimizar el personal de confianza y los cargos directivos.

El rector sostuvo que su administración busca revertir una dinámica de crecimiento de la burocracia universitaria que, aseguró, prevaleció en anteriores gestiones, y afirmó que los ajustes no contemplan afectar los servicios dirigidos a los estudiantes, como becas alimenticias, comedores, casas de estudiantes y transporte.

Defiende negativa al pago de la cláusula 41

En relación con las protestas y tomas de instalaciones universitarias por parte de docentes que exigen el pago de la cláusula 41 del contrato colectivo, el rector reiteró que la institución no puede cubrir esa prestación debido a resoluciones judiciales.

Explicó que existen cuatro fallos que establecen que el beneficio corresponde únicamente a profesores que ingresaron a laborar a la universidad antes de 1991, por lo que pagarla a quienes no cumplen con ese criterio podría representar una desviación de recursos y generar observaciones de auditoría.

Estimó que cubrir las demandas relacionadas con esta prestación representaría un gasto cercano a los 800 millones de pesos, cantidad que incrementaría considerablemente el déficit universitario.

Nómina administrativa y déficit financiero

Sobre las finanzas de la institución, informó que la nómina administrativa representa alrededor de 71 millones de pesos, mientras que el déficit proyectado para el cierre de 2026 supera los 700 millones.

Aseguró que, mediante ahorros por aproximadamente 71 millones de pesos durante este año, la universidad tiene garantizado el pago de las quincenas hasta la segunda mitad de diciembre.

Sin embargo, reconoció que continúan pendientes las primas de antigüedad correspondientes a septiembre y octubre, por lo que anunció que sostendría una reunión con la Subsecretaría de Educación Superior para gestionar recursos que permitan cubrir estos compromisos.

También adelantó que la institución prepara un estudio actuarial para analizar la creación de un fideicomiso que contribuya a dar viabilidad al sistema de pensiones y jubilaciones. 

Sobre este punto, indicó que la próxima semana se realizarán reuniones informativas con docentes para explicar la propuesta.

Román Gutiérrez advirtió que el respaldo financiero federal está relacionado con la implementación de medidas para atender el problema estructural de las jubilaciones y pensiones, por lo que llamó a la comunidad universitaria a discutir y consensuar alternativas.

Finalmente, reconoció que las suspensiones de actividades han generado inconformidad entre los estudiantes y afectaciones en el desarrollo del semestre, aunque sostuvo que la prioridad debe ser garantizar su formación académica y evitar que los conflictos financieros y laborales sigan repercutiendo en las clases.