Reforma a la Ley de Amparo pondrá en riesgo demandas colectivas

• Reforma a la Ley de Amparo limitaría defensa colectiva en Zacatecas
• Afectaría a jubilados, ambientalistas y personal de salud

Zacatecas, Zac.- La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, podría tener consecuencias significativas para movimientos sociales y colectivos en Zacatecas. De aprobarse en los términos planteados por el Ejecutivo federal, la modificación impactaría directamente a grupos que han utilizado este recurso legal para defender derechos laborales, ambientales y humanos.

Entre los sectores más vulnerables ante esta posible reforma se encuentran los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), los integrantes del movimiento contra la construcción de la presa Milpillas, así como personal del sector salud que ha promovido amparos para exigir condiciones laborales dignas.

"Lo vemos con mucha preocupación y cuidado, hay basta teoría en la que se ha señalado que es peligroso que los jueces sean sujetos a un voto popular y de la mano a esta reforma esta ley de amparo que ha sufrido esta enmienda, anula completamente los derechos de grupos colectivos", detalló el abogado Jorge Rada, del despacho Rada y Asociados, el cual ha encabezado amparos como el de jubilados y pensionados del Issstezac y contra la obra del segundo piso del bulevar.

El proyecto plantea cambios a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Despachos jurídicos de la entidad advierten que las modificaciones, particularmente lo relacionado al interés legítimo, restringiría la posibilidad de presentar amparos colectivos, un mecanismo fundamental para la defensa ciudadana frente a decisiones gubernamentales.

De acuerdo con estimaciones de especialistas en la materia, en Zacatecas la mayoría de los amparos se promueven por la defensa de derechos de propiedad, seguidos de los relacionados con la protección del medio ambiente, el debido proceso administrativo y la salvaguarda de derechos humanos. Estas acciones han permitido frenar decisiones de autoridad que, de otro modo, afectarían a comunidades completas.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 reportó que durante ese año ingresaron 2 mil 932 asuntos jurisdiccionales al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ellos, el 44.2% correspondieron a amparos directos, principalmente en materia administrativa, lo que demuestra la relevancia de este recurso para garantizar el acceso a la justicia.

"La ley de amparo que era un derecho que garantizaba a los colectivos el poder defender sus derechos, apegarse a la ley cuando el juzgador había decidido en algo que no beneficiaba al ciudadano hoy quedará de lado", expresó el diputado local y dirigente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo.

La preocupación en el sector jurídico es que, de aprobarse con los transitorios planteados, los juicios de amparo en trámite pierdan validez o se vean limitados. Ello complicaría la defensa de intereses comunes y restringiría el uso del amparo como herramienta de control constitucional frente a decisiones gubernamentales.

En Zacatecas, donde la organización ciudadana ha recurrido al amparo para frenar obras, exigir transparencia o defender derechos adquiridos, la reforma representaría un retroceso en materia de participación y justicia social.