Reprueba la mayoría de los centros penitenciarios de Zacatecas en evaluación nacional

Zacatecas, Zac. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, evaluación que analiza las condiciones de operación de los centros penitenciarios del país, así como el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

En el caso de Zacatecas, el diagnóstico evidencia deficiencias en la mayoría de sus centros penitenciarios. La entidad obtuvo una calificación estatal de 5.53, resultado que refleja áreas de incumplimiento en aspectos fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de internamiento y reinserción social.

El resultado coloca a Zacatecas entre las entidades con evaluaciones reprobatorias. En una situación similar se encuentran otros 23 centros penitenciarios estatales, entre los que destacan los de Baja California Sur, con 4.37; Nayarit, con 4.38; Hidalgo, con 4.50, y Quintana Roo, con 4.81.

Diez de los 13 centros penitenciarios estatales, reprobados

El diagnóstico de la CNDH reprobó a 10 de los 13 centros penitenciarios evaluados en Zacatecas. Entre ellos se encuentran los de Calera de Víctor Rosales, con 5.77; Concepción del Oro, con 4.29; Jerez, con 5.80; Ojocaliente, con 5.69; Pinos, con 5.09; Sombrerete, con 4.88; Tlaltenango, con 5.43, y Valparaíso, con 5.00.

A esta lista se suman los centros estatales de Reinserción Social Femenil y Varonil de Cieneguillas, que obtuvieron calificaciones de 5.51 y 5.55, respectivamente.

En contraste, los centros penitenciarios de Jalpa y Río Grande, así como el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, alcanzaron calificaciones aprobatorias de 6.05, 6.61 y 6.28, respectivamente.

Sin embargo, estas puntuaciones no necesariamente representan un cumplimiento satisfactorio de todas las normas y condiciones evaluadas. Únicamente muestran un resultado comparativamente mejor frente a los demás centros de la entidad.

Deficiencias en servicios básicos y actividades de reinserción

Entre las principales irregularidades identificadas durante las supervisiones penitenciarias se encuentran deficiencias en los servicios de salud y alimentación, así como en las condiciones materiales, la higiene de las instalaciones y los espacios destinados a las personas privadas de la libertad.

También se detectaron problemas en las condiciones para mantener comunicación con el exterior, así como en las áreas de cocina y comedores.

El diagnóstico advierte, además, deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias y una oferta insuficiente, o incluso inexistente, de actividades deportivas, educativas, laborales y de capacitación, fundamentales para los procesos de reinserción social.

Otro aspecto que requiere especial atención es la atención a personas con discapacidad y población indígena, además de las deficiencias en los programas de prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

Estas condiciones plantean retos que van más allá de la infraestructura: también involucran el acceso a servicios esenciales, la atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad y las oportunidades disponibles para que las personas internas desarrollen herramientas que faciliten su reintegración a la sociedad.

La población penitenciaria supera la capacidad instalada

A las deficiencias señaladas se suma la sobrepoblación penitenciaria. De acuerdo con los datos del diagnóstico, al cierre de 2025 los centros penitenciarios del país albergaban a 235 mil 716 personas, pese a que los 262 establecimientos considerados contaban con una capacidad conjunta para 198 mil 539 internos.

La diferencia representa un excedente de 37 mil 177 personas respecto de la capacidad instalada, lo que evidencia la presión que enfrenta el sistema penitenciario nacional.

En Zacatecas, la situación también rebasa los espacios disponibles. Durante 2025, los 13 centros penitenciarios de la entidad tenían una población de 2 mil 557 personas, frente a una capacidad para 2 mil 415. Esto representa un excedente de 142 internos.

Aunque la diferencia estatal es menor en términos absolutos que la registrada en otras entidades, la sobrepoblación constituye un factor que debe considerarse al evaluar las condiciones de internamiento, particularmente ante las deficiencias identificadas en servicios básicos, instalaciones y actividades de reinserción.

El informe también señala cambios en la distribución de la población penitenciaria entre las entidades. Entre los estados con mayor sobrepoblación se encuentran el Estado de México, Sonora, Chiapas, Nayarit y Morelos.

Asimismo, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas figuran entre las entidades que, en comparación con el año anterior, presentaron sobrepoblación penitenciaria.

Los resultados colocan a Zacatecas ante el desafío de atender tanto las condiciones de operación de sus centros como el crecimiento de la población interna, dos factores que inciden en la capacidad del sistema para garantizar los derechos humanos y cumplir con el objetivo de reinserción social.