Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación elaborada con fuentes abiertas sobre una presunta red de corrupción y simulación de competencia en contrataciones públicas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
De acuerdo con las autoridades, la estructura está encabezada por los hermanos Hernández Casillas, quienes habrían comenzado sus actividades operativas desde hace 27 años. La mandataria destacó que las irregularidades en el organismo electoral no son recientes, sino que responden a un esquema con décadas de operación de un oligopolio.
De la administración pública a la red de contrataciones
La investigación detalla que la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas inició en 1983 dentro de la Secretaría de Gobernación, bajo el cobijo de Juan Carlos Padilla, entonces director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) Posteriormente, en 1989, se incorporaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sumando a José Alfredo Hernández Casillas como secretario particular.
En 1999 la empresa Cartonera Plástica vinculada a José Alfredo Hernández Casillas participa como proveedor electoral en el Estado de México. En 2005 esa empresa obtiene del Instituto Electoral del Estado de México un contrato de 63.7 millones de pesos para suministra material electoral. Las denuncias de irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación desatan un escandalo que culmina con la renuncia de 7 consejeros electorales.
Entre 2012 y 2014, los señalados constituyeron una serie de empresas que posteriormente se vieron beneficiadas con asignaciones públicas marcadas por múltiples omisiones administrativas y falta de supervisión en los procesos de licitación.
Buenrostro, explicó que el esquema alcanzó su mayor alcance a partir de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió la facultad exclusiva de designar a las autoridades de los 32 OPLES del país.
A partir de dicha reforma, 23 de los 32 organismos estatales otorgaron contratos a la red de empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas por un monto superior a los 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023. La secretaria subrayó que esta dinámica de adjudicaciones millonarias se mantuvo vigente en años posteriores a través de al menos seis empresas principales como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY Corporativo Zeg y Formas Finas Fernando Fernández,
Modus Operandi de la red de los hermanos Hernández Casillas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó los principales mecanismos utilizados para desviar recursos públicos y simular competencia legal:
Alistan decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México rumbo a 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México y consolidarla como la principal productora de materiales electorales del país. La iniciativa busca renovar su gobernanza y equipamiento de cara a los comicios de 2027.
Actualmente, el Consejo de Administración de Talleres Gráficos solo está integrado por las secretarías de Gobernación, Hacienda, y Anticorrupción y Buen Gobierno. La propuesta contempla sumar a más dependencias, integrar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como observadora e incorporar a instituciones educativas como la UNAM, la UAM, el IPN y el Tec de Monterrey.
El objetivo central es garantizar la transparencia en las contrataciones de Talleres Gráficos y asegurar que la mayoría de los materiales con elementos de seguridad se fabriquen en la empresa estatal. En tanto, insumos sin requerimientos especiales, como urnas y mamparas, se asignarán mediante licitaciones públicas abiertas.
UIF reserva información sobre presunto bloqueo de cuentas ligado al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), tras detectar operaciones de riesgo.
Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, precisó que por ley la lista es de carácter secreto y se limita a las instituciones financieras para la inmovilización de recursos. Al respecto, el funcionario no confirmó ni descartó si en dicho listado figura la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, argumentando impedimentos legales y la existencia de investigaciones en curso.
La UIF detalló que el análisis de esta red responde a un seguimiento histórico con datos acumulados desde 2004. Las cifras exactas sobre el número de cuentas y montos inmovilizados se darán a conocer de forma general una vez que las entidades bancarias remitan sus reportes correspondientes.
