ZACATECAS, ZAC La agrupación Ciudadanía Participativa promovió 136 amparos, de los cuales se obtuvieron 16 suspensiones provisionales y 9 suspensiones definitivas, lo que ha contribuido decisivamente a la suspensión de la obra del segundo piso o viaducto elevado en la entidad.
De acuerdo con sus integrantes y el abogado Darío del Real Campos, no se ha registrado ni un solo revés en el Poder Judicial, desmintiendo así lo declarado por el gobierno del Estado.
El despacho Del Real y Asociados informó que, a pesar de que la cancelación oficial de la obra de movilidad ya fue anunciada, aún están pendientes alrededor de 500 amparos adicionales, cada uno integrado por entre tres y cinco quejosos. Asimismo, se prepara una nueva jornada de recolección de firmas en contra del proyecto, en la que se estima la participación de más de 2 mil ciudadanos.
José Manuel Hermosillo Vallarta, del colectivo Artículo 27 Activismo Oficial en Materia de Cultura advirtió sobre un proceso legal por omisiones contra el Congreso del Estado, la secretaría de Obras Públicas (SOP), el Poder Ejecutivo, y la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Ambos abogados señalaron que las declaraciones de las autoridades solo reflejan el rechazo social generalizado, ya que está comprobado que ocho de cada diez personas en el estado rechaza la construcción del viaducto elevado.
Además, recordaron que en todos los amparos se denunció falta de transparencia en el uso de recursos y ausencia de elementos técnicos que demostraran la viabilidad del proyecto., y que el gobierno del Estado presentó más de 20 pruebas, y en ninguna se aportó un solo elemento que justificara la factibilidad de la obra.
Javier Calzada Vázquez criticó la reciente conferencia de prensa del secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmando que solo buscó deslindar responsabilidades y culpar a jueves y juezas. A su vez, reconoció la labor de los abogados del Real Campo y Hermosillo Vallarta por su lealtad, integridad, profesionalismo y compromiso ciudadano.
Finalmente, el académico Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destacó que fueron 16 meses de lucha legal para cancelar una obra valuada en más de 3 mil millones de pesos, que carecía de estudios técnicos y permisos esenciales.
Pidió a la población recordar el 27 de mayo como una fecha histórica para la defensa del interés público y el medio ambiente.