Trabajadores del Poder Judicial exigen respeto a derechos laborales

ZACATECAS, ZAC Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Zacatecas se sumaron al pliego petitorio presentado por sus compañeros de Michoacán para exigir mejores condiciones laborales, respeto a sus derechos, mayor presupuesto y medidas para reducir las cargas de trabajo que, aseguran, afectan la salud del personal y el funcionamiento de la justicia.

José Guadalupe Méndez de Lira, secretario de la Sección 6 Zacatecas del sindicato de trabajadores, informó este miércoles 21 de octubre que las demandas serán dirigidas al Órgano de Administración Judicial, la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República, al considerar que estas instancias deben garantizar el cumplimiento del artículo décimo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024.

Piden más juzgados y personal para abatir el rezago

Entre las principales exigencias se encuentra la creación de nuevos tribunales colegiados, juzgados de distrito, centros de justicia penal y tribunales laborales, además de nuevas plazas en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Méndez de Lira señaló que México cuenta con un promedio de 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional al que hizo referencia establece al menos 18 jueces por cada 100 mil personas.

Afirmó que incrementar la infraestructura judicial y el personal permitiría atender las cargas de trabajo y avanzar hacia una justicia pronta y accesible.

Como objetivo, planteó que los asuntos judiciales puedan resolverse en un periodo no mayor a cuatro meses, desde la presentación de la demanda hasta la resolución del último recurso interpuesto.

También exigió el suministro oportuno de insumos de calidad, entre ellos aires acondicionados, sillas, archiveros y otros materiales necesarios para prestar adecuadamente el servicio público de impartición de justicia.

Exigen jornada de 40 horas y pago de horas extras

Otro de los puntos centrales del pliego es el pago absoluto de las horas extraordinarias efectivamente trabajadas, así como el reconocimiento de una jornada laboral de ocho horas diarias y 40 horas semanales, con descanso los sábados y domingos.

El dirigente sindical denunció que, en ocasiones, los niveles de productividad se alcanzan a costa de la salud de los trabajadores, mediante jornadas prolongadas y sacrificios de los descansos semanales e incluso de periodos vacacionales completos.

Por ello, demandó que para establecer la media nacional de productividad se tomen como referencia tribunales y órganos judiciales que también cumplan con la jornada laboral de 40 horas semanales.

En cuanto a las evaluaciones de desempeño, explicó que el sindicato ha señalado que se consiguió que no tuvieran carácter punitivo; sin embargo, exigió que esa garantía quede establecida formalmente en un acuerdo normativo.

Además, pidió que se otorguen nombramientos de base al personal comisionado o a disposición, que determinadas plazas de confianza, como las de secretarios proyectistas, puedan convertirse en plazas de base y que se reconozca esa condición a trabajadores cuyas funciones no impliquen decisiones, mando o dirección, como los CTA.

El pliego también solicita estabilidad en el empleo y que los exámenes para evaluar el rendimiento y la capacidad técnica no sean utilizados como causa de terminación laboral.

Rechazan cambios de adscripción sin consentimiento

Méndez de Lira manifestó el rechazo de los trabajadores a cualquier disposición que permita trasladarlos a otra ciudad o sede sin su consentimiento.

Afirmó que deben privilegiarse el proyecto de vida de cada trabajador, su salud y el interés superior de los menores de edad. 

Aunque reconoció que el sindicato ha señalado la existencia de acuerdos con el Órgano de Administración Judicial sobre este tipo de movimientos, consideró que eso no resuelve la demanda de fondo.

Asimismo, exigió que se respete el principio de no regresividad de las condiciones generales de trabajo, para evitar que los derechos laborales adquiridos sean disminuidos.

El pliego incluye también el pago retroactivo de un ajuste salarial por inflación, que el dirigente cifró en un acumulado de 13% que, aseguró, no les ha sido otorgado desde el inicio del actual sistema de gobierno.

A ello se suma la petición de restablecer la ayuda para la adquisición de anteojos, incluidos los de familiares directos de los trabajadores.

Advierten sobre cargas de trabajo y acoso laboral

Durante su intervención, el representante sindical explicó que la revisión de expedientes judiciales puede implicar una carga considerable, especialmente cuando los jueces deben aplicar la suplencia de la queja, figura que obliga a examinar determinados aspectos de un asunto para proteger los derechos de las personas involucradas.

Detalló que existen expedientes que llegan a ocupar hasta cuatro cajas y deben revisarse para verificar que no se hayan vulnerado derechos humanos, incluso cuando la defensa legal de alguna de las partes haya cometido errores.

Indicó que este principio se aplica principalmente en materia penal, tanto para personas imputadas como para víctimas u ofendidos, además de asuntos relacionados con menores de edad, violencia de género, materia familiar, agraria y grupos vulnerables, incluidos jubilados.

A su juicio, estas responsabilidades requieren tiempo y personal suficiente, por lo que las cargas excesivas y las jornadas prolongadas representan un problema para quienes laboran en los órganos judiciales.

En este contexto, solicitó atención efectiva a las denuncias de acoso laboral y sexual. 

También rindió un homenaje póstumo a Humberto Orozco Calderón, trabajador adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación en Campeche, quien falleció en septiembre de 2026.

De acuerdo con lo expresado por Méndez de Lira, compañeros del trabajador atribuyeron su muerte al agotamiento físico y al estrés relacionados con las excesivas cargas laborales y el acoso. 

Cuestionan presupuesto para 2027

Otro de los puntos del pliego es garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación contemple recursos suficientes para atender las demandas laborales, ampliar la infraestructura y cubrir las necesidades de operación del Poder Judicial.

Méndez de Lira indicó que el presupuesto proyectado para 2027 asciende a 72 mil 264 millones de pesos. 

En contraste, mencionó que en 2025 se asignaron 85 mil 25 millones de pesos y que en 2024 el monto fue de 84 mil 790.2 millones.

El dirigente consideró que estas cifras evidencian la necesidad de contar con recursos suficientes, pues, de lo contrario, será complicado ampliar la plantilla laboral, mejorar las condiciones de trabajo y reducir el rezago judicial.

Asimismo, exigió garantías de que los trabajadores no serán objeto de represalias por ejercer su derecho a manifestarse en defensa de sus derechos laborales.

Como ejemplo, denunció el presunto amedrentamiento que, según dijo, enfrentan sus compañeros en Morelia y Uruapan, Michoacán, donde afirmó que durante las manifestaciones y paros laborales se ha registrado presencia constante de elementos antimotines.

Respaldan a jueza y cuestionan procedimientos contra juzgadores

Al finalizar su posicionamiento, Méndez de Lira se refirió al caso de la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio.

El dirigente consideró que algunas de las actuaciones en su contra podrían constituir represalias por resoluciones judiciales, entre ellas suspensiones relacionadas con asuntos de interés público. 

Mencionó como antecedentes las resoluciones sobre corridas de toros y otros procedimientos, aunque sostuvo que las determinaciones judiciales deben analizarse jurídicamente y no a partir de desacuerdos políticos.

Aclaró que pueden existir resoluciones con errores, pero señaló que determinar si una sentencia constituye una aberración jurídica requiere la valoración de especialistas y el análisis de los argumentos legales correspondientes.

También defendió el juicio de amparo como una herramienta que permite a los ciudadanos impugnar actos de autoridad, incluso cuando proceden de gobiernos estatales, municipales o de la Presidencia de la República.

El representante sindical sostuvo que las decisiones judiciales deben poder debatirse mediante argumentos jurídicos y que las autoridades deben respetar la independencia de quienes resuelven los asuntos.

Finalmente, reiteró que el propósito de las demandas laborales es mejorar las condiciones para impartir justicia sin vulnerar la salud, los derechos ni la dignidad de los trabajadores, además de garantizar que el personal pueda desempeñar sus funciones sin amenazas ni represalias.