Universidad no paga prima de antigüedad y prevén riesgo para aguinaldos

Zacatecas, Zac. La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no pago este miércoles 14 de octubre la prima de antigüedad a los trabajadores, acción que fue previamente aprobada en el H. Consejo Universitario.  

Durante una reunión con delegados sindicales en la que participaron autoridades universitarias y Carlos Fernando Arechiga Flores, secretario general del Sindicato del Personal Académico (SPAUAZ), también se expusieron dudas sobre la nómina, las pensiones, las indemnizaciones y la capacidad de la institución para cubrir las prestaciones de fin de año. 

Aunque por ahora el incumplimiento corresponde a la prima de antigüedad, entre los trabajadores existe preocupación de que la falta de recursos también complique el pago de aguinaldos.  

Austeridad bajo cuestionamiento 

Sonia Viramontes, agremiada al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) y excandidata a la secretaría general, cuestionó la información presentada por la administración universitaria y sostuvo que las medidas de austeridad sí tienen repercusiones en las prestaciones de los trabajadores. 

Señaló que, mientras las autoridades aseguran que los ajustes no afectarán los derechos laborales, el impago de la prima de antigüedad y los pendientes relacionados con la cláusula 41, fracción segunda, del contrato colectivo muestran un escenario distinto. 

Viramontes también recordó que desde 2016 existen compromisos pendientes vinculados con esa cláusula y cuestionó la falta de respuestas concretas sobre el costo mensual de la nómina, el número de jubilados y pensionados, así como la cantidad de trabajadores activos que pertenecen al régimen de cuentas individuales y al décimo transitorio. 

La académica pidió conocer cuántas personas tienen pendientes de pago por indemnizaciones por fallecimiento y otras prestaciones, además de los criterios utilizados para calcular las primas de antigüedad. 

Consideró que la información entregada por la administración no resuelve las dudas de los trabajadores y que la discusión debe centrarse en cómo garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Durante el intercambio también se reclamó la intervención de Carlos Fernando Aréchiga Flores, secretario general del SPAUAZ, para atender el incumplimiento. Algunos trabajadores calificaron la falta de pago como una posible "violación flagrante al CCT" y cuestionaron la actuación de la representación sindical, misma que optó por guardar silencio. 

Cambios al cálculo de la prima de antigüedad 

Armando Flores de la Torre, coordinador de Planeación de la UAZ, explicó que la modificación al cálculo de la prima de antigüedad busca contener el gasto y evitar que este concepto rebase los montos contemplados en el anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero. 

Detalló que el nuevo procedimiento considera los años de antigüedad y aplica el porcentaje correspondiente de acuerdo con una tabla.  

El resultado se compara con el monto que recibiría un docente investigador de tiempo completo con la categoría y antigüedad correspondientes; si el cálculo supera ese límite, la percepción se topa. 

La medida entró en vigor el 10 de septiembre de 2026. Debido a que durante los primeros meses su aplicación será proporcional, la administración elaboró una proyección de ahorro a dos años, en lugar de limitarse a los primeros cuatro meses. 

De acuerdo con las cifras expuestas por Flores de la Torre, el ahorro estimado sería de 3 millones 616 mil 477 pesos de septiembre de 2026 a agosto de 2027, y de 7 millones 570 mil 165 pesos de septiembre de 2027 a agosto de 2028. 

En conjunto, la proyección asciende a 11 millones 252 mil 642 pesos en dos años. 

El coordinador sostuvo que el ajuste pretende mantener el gasto por primas de antigüedad dentro de los límites presupuestales autorizados. S 

Sin embargo, la modificación generó cuestionamientos entre los trabajadores, quienes pidieron conocer cuánto representa la prestación para cada grupo laboral y de qué manera se determinó el nuevo tope. 

Indemnizaciones por fallecimiento y prestaciones pendientes 

Durante la reunión también se abordó el monto de 8 millones 740 mil 430 pesos por indemnizaciones por fallecimiento correspondientes a 18 personas, una de las obligaciones que los trabajadores solicitaron transparentar. 

Angélica Colín Mercado, secretaria administrativa, y Raúl Federico García Pérez, coordinador de Personal, expusieron información relacionada con los montos de la nómina, las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones laborales. 

Entre los documentos entregados se incluyeron desgloses de seguros de vida, indemnizaciones por fallecimiento, diferencias por gratificación, primas de antigüedad, aguinaldos y otras obligaciones laborales. La administración señaló que la información se presentó en respuesta a una solicitud del comité ejecutivo sindical. 

También se explicó que la documentación contempla a trabajadores activos, jubilados, pensionados y beneficiarios, con distinciones entre los distintos regímenes de jubilación y las prestaciones aplicables. 

Las preguntas de los representantes sindicales se concentraron en conocer el número de personas en cada modalidad, los montos pendientes y los criterios para determinar las obligaciones económicas de la universidad. 

UAZ reporta matrícula de 31 mil 732 estudiantes 

Otro de los puntos cuestionados fue la matrícula universitaria, debido a que los trabajadores solicitaron conocer el número actualizado de estudiantes. 

Flores de la Torre indicó que la cifra reportada en la página de transparencia, con corte al 30 de septiembre de 2026, era de 31 mil 732 estudiantes, correspondiente al ciclo escolar que se encontraba en proceso de cierre. 

Explicó que la universidad debe reportar su matrícula con base en cortes oficiales utilizados para los procedimientos presupuestales y de auditoría, por lo que la cifra puede diferir de registros preliminares o de otros conteos que incluyan distintos niveles educativos. 

Como referencia histórica, informó que en el ciclo escolar 2004-2005 la institución registró 22 mil 816 estudiantes, mientras que en el ciclo 2024-2025 cerró con 40 mil 419. Precisó que el ciclo 2025-2026 todavía no estaba cerrado ni reportado oficialmente en el sistema 911. 

Añadió que las coordinaciones de Planeación y de Evaluación e Información Institucional trabajan en una plataforma que permitirá consultar los datos históricos de matrícula de una manera más accesible, mediante tablas y gráficas. 

Administración plantea recorte al gasto operativo 

En la exposición sobre el cierre financiero de 2026, las autoridades universitarias también informaron sobre una modificación al anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero. 

Según lo explicado durante la reunión, el Consejo Universitario autorizó una redistribución presupuestal para reducir en 80 por ciento el gasto de operación originalmente autorizado y reasignar recursos a servicios personales, destinados al personal académico y administrativo. 

El monto mencionado para esa reasignación fue de 637 millones 362 mil 210 pesos. La administración sostuvo que la modificación busca priorizar el pago de salarios y las obligaciones relacionadas con el personal. 

Por separado, se expuso que el plan de austeridad aprobado en abril de 2026 contempla un ahorro anual de 15 millones de pesos. Las autoridades aclararon que ese programa corresponde a medidas aprobadas previamente y que las acciones adicionales anunciadas por el rector se contemplarían en el plan de austeridad de 2027, cuya presentación ante el Consejo Universitario está prevista para febrero del próximo año. 

Rector atribuye la crisis al financiamiento de las universidades públicas 

El rector Ángel Román Gutiérrez sostuvo que la situación de la UAZ no es un problema aislado, sino parte de una dificultad nacional relacionada con el financiamiento de las universidades públicas. 

Informó que se han realizado alrededor de diez reuniones con la Subsecretaría de Educación Superior para gestionar recursos extraordinarios, además de acercamientos con autoridades estatales y federales. 

También recordó que la semana anterior se efectuó una reunión con participación de representantes de la Secretaría de Educación Publica (SEP) y de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en la que se expuso la situación presupuestal de la universidad y la necesidad de construir una ruta financiera. 

Román Gutiérrez afirmó que continuará las gestiones para solicitar mayores recursos y planteó la necesidad de que los gobiernos federal y estatal incrementen progresivamente sus aportaciones a las instituciones de educación superior. 

En ese contexto, señaló que el financiamiento universitario requiere una responsabilidad compartida y mencionó la necesidad de avanzar hacia un esquema que garantice una mayor participación de los gobiernos en el sostenimiento de las universidades públicas. 

El rector agregó que acudirá a las distintas unidades académicas para reunirse con sus comunidades y explicar directamente las condiciones financieras de la institución, así como las medidas adoptadas para enfrentar el cierre del ejercicio. 

Piden transparentar salarios y revisar el sistema de jubilaciones 

Durante las intervenciones también se planteó la necesidad de transparentar las percepciones de los mandos medios y superiores, así como los costos de los distintos grupos laborales. 

El rector defendió la publicación de información sobre las remuneraciones y propuso que la transparencia se aplique de manera general, de modo que puedan conocerse las percepciones de los integrantes de la comunidad universitaria. 

En la discusión sobre jubilaciones, mencionó casos de docentes que, después de jubilarse, continúan trabajando en la institución y señaló que existen situaciones en las que la universidad mantiene pagos y prestaciones conforme a lo establecido en el contrato colectivo. 

El tema abrió un debate sobre la necesidad de revisar el esquema de jubilaciones y pensiones, sus costos a largo plazo y las alternativas para garantizar su sostenibilidad. También se mencionó la posibilidad de solicitar información técnica y actuarial para conocer el estado que guardan las obligaciones pensionarias. 

Entre las propuestas expuestas estuvo revisar modelos de aportación y financiamiento utilizados en otras entidades, aunque el rector sostuvo que las condiciones de cada universidad y sus sistemas de nómina deben analizarse de acuerdo con sus propias características.