Universidades públicas pierden poder adquisitivo por tope salarial

Zacatecas, Zac Las universidades públicas del país enfrentan un deterioro financiero que también afecta los salarios y las prestaciones de sus trabajadores, debido a una política de topes salariales que, durante más de cinco décadas, ha limitado la capacidad de negociación de los sindicatos universitarios, señaló José de Jesús Becerra Santiago, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU). 

Durante un encuentro con integrantes del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), el dirigente expuso que, en los últimos 10 años, los trabajadores universitarios han perdido alrededor de 10.5%de su poder adquisitivo frente a la inflación, situación que se suma a la falta de crecimiento de las plantillas laborales y a la precarización de las condiciones de contratación. 

Tope salarial reduce el poder adquisitivo 

Becerra Santiago explicó que, históricamente, los incrementos salariales de las universidades públicas se han establecido desde la Federación, con porcentajes que posteriormente se replican en las distintas instituciones, lo que limita las negociaciones entre sindicatos y autoridades universitarias. 

Como ejemplo, mencionó que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 2% en prestaciones, además de negociaciones posteriores que, de acuerdo con su explicación, elevarían el aumento salarial acumulado a casi 7% en términos reales. 

Sin embargo, consideró que este esquema mantiene en desventaja a los trabajadores universitarios, pues los incrementos se calculan con base en las expectativas de inflación del Banco de México y no necesariamente corresponden al comportamiento real de los precios. 

Agregó que esta política también amplía la desigualdad salarial, debido a que los aumentos porcentuales representan mayores cantidades para quienes perciben ingresos elevados que para los trabajadores con menores percepciones. 

Hay trabajadores por debajo del salario mínimo 

El dirigente sindical advirtió que actualmente existen cerca de 4 mil trabajadores de universidades públicas que perciben salarios inferiores al mínimo, particularmente en instituciones de Morelos, Veracruz y Guanajuato. 

Explicó que, aunque en la UAZ se han realizado esfuerzos para homologar los salarios de quienes se encontraban en esa condición, en los documentos oficiales todavía aparecen puestos con percepciones inferiores al mínimo, lo que repercute en el cálculo del subsidio federal que recibe la institución. 

Detalló que los anexos de ejecución de los convenios de apoyo financiero contemplan alrededor de 56 mil puestos con salarios por debajo del mínimo, situación que provoca diferencias entre las plantillas autorizadas y las necesidades reales de las universidades. 

Más alumnos, pero sin nuevas plazas 

Otro de los problemas expuestos fue el crecimiento de la matrícula sin un aumento proporcional del personal académico y administrativo. 

De acuerdo con Becerra Santiago, en los últimos 10 años la matrícula de las universidades públicas del país aumentó más de 15%, mientras que las plazas autorizadas no han registrado crecimiento desde 2014. 

Esto ha provocado que los mismos docentes atiendan grupos cada vez más numerosos y asuman mayores cargas laborales sin que exista una compensación proporcional. 

También señaló que se han extendido esquemas de contratación por honorarios asimilables a salarios y contratos temporales, mediante los cuales algunos profesores quedan fuera de la sindicalización, las prestaciones, la generación de antigüedad y la estabilidad laboral. 

Plantean mayor aportación de los estados 

Respecto a las alternativas para enfrentar la crisis financiera, el secretario general de la CONTU informó que trabajan en una iniciativa para obligar a los gobiernos estatales a incrementar progresivamente su aportación al subsidio de las universidades públicas. 

Recordó que la Ley General de Educación establece que el financiamiento debe distribuirse de manera equitativa entre la Federación y los estados; sin embargo, esta disposición no se cumple en diversas entidades. 

Como ejemplo, indicó que en Zacatecas el gobierno estatal aporta poco más de 24% del subsidio, mientras que la Federación cubre poco más de 75 por ciento. 

La propuesta, que se trabaja con la diputada federal Marilyn Pozos, plantea que los estados aporten al menos un punto porcentual adicional al incremento que otorgue la Federación cada año, con el propósito de avanzar hacia un financiamiento compartido. 

Mencionó que en Jalisco se consiguió establecer por decreto constitucional que 5% del presupuesto estatal destinado a distribución se entregue a la Universidad de Guadalajara, lo que permitió que la aportación estatal superara la federal. 

Finalmente, consideró que el próximo proceso electoral en Zacatecas representa una oportunidad para que los sindicatos universitarios impulsen compromisos de los candidatos a diputados locales y a la gubernatura en favor de un presupuesto más equitativo para la UAZ.