
De acuerdo con el análisis, el Bajío-Occidente acumuló 2 mil 244 víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026, equivalentes al 26.2% del total nacional.
La región registró una tasa de 7.47 víctimas por cada 100 mil habitantes. Aunque este indicador presentó una reducción de 1% respecto al mismo periodo de 2025, el comportamiento de largo plazo muestra un crecimiento de 128% en comparación con 2018.
En el ámbito nacional se contabilizaron 8 mil 551 víctimas entre enero y septiembre de 2026, con una tasa de 6.36 por cada 100 mil habitantes. El Centro Metropolitano encabezó la concentración, con 3 mil 326 víctimas, mientras que la región Norte Industrial y Minera registró mil 658.
En conjunto, estas tres regiones concentraron 85% de las víctimas registradas en el país, pese a representar 69% de la población nacional.
México Evalúa advierte que la extorsión también debe analizarse desde una perspectiva económica, debido a sus consecuencias sobre los establecimientos comerciales y las pequeñas y medianas empresas.
Además de las pérdidas directas para quienes reciben amenazas o deben entregar dinero, este delito puede elevar los costos de operación de los negocios. Dichos gastos pueden trasladarse al consumidor mediante incrementos en los precios de productos y servicios.
Por ello, la organización considera que atender este fenómeno también es necesario para mantener condiciones de competitividad, particularmente en los corredores productivos y comerciales del país.

Otro de los hallazgos es la concentración geográfica de las víctimas. Durante 2026, 729 municipios registraron al menos un caso de extorsión; sin embargo, solamente 42 concentraron la mitad de las víctimas nacionales.
El documento también advierte que la disminución de 13% en las víctimas registradas entre 2025 y 2026 en las ocho entidades inicialmente priorizadas por la Estrategia Nacional contra la Extorsión contrasta con el incremento de 30% observado en el resto del país.
A esto se suma el subregistro del delito. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, este alcanza 97.5%, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema.
Ante este panorama, México Evalúa plantea fortalecer los mecanismos de denuncia, mejorar la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, y establecer diagnósticos específicos por corredores económicos para orientar las estrategias de prevención y atención.