Impunidad, pobreza y migración: la tormenta perfecta en Michoacán

En Michoacán, el Estado no colapsó de un día para otro. Se fue retirando de manera gradual y desigual

Primero dejó de garantizar seguridad en comunidades rurales; después perdió capacidad para investigar delitos; finalmente, dejó de ser un árbitro confiable para resolver conflictos cotidianos.

Los datos ayudan a entender esa retirada. En México, más del 90% de los delitos no se denuncian o no se castigan, según datos consistentes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI,

En entidades con fuerte presencia criminal, como Michoacán, esa cifra se tradujo en una experiencia cotidiana: acudir a una autoridad rara vez producía justicia y, en muchos casos, implicaba riesgos adicionales.

La debilidad institucional no solo permitió que el crimen operara, sino que desincentivó la legalidad. Cuando el Estado no protege ni sanciona, la ley deja de ser una herramienta funcional para la vida diaria.

Ese vacío fue el primer cimiento

Pobreza persistente y economías frágiles

Durante décadas, Michoacán se mantuvo entre los estados con mayores niveles de pobreza estructural. Más de la mitad de su población ha vivido en condiciones de pobreza en distintos periodos, particularmente en zonas rurales y agrícolas.

El problema no era únicamente el ingreso bajo, sino su inestabilidad. El campo michoacano dependía de precios volátiles, intermediarios abusivos y apoyos públicos irregulares.

Para pequeños productores, el trabajo legal implicaba endeudamiento, incertidumbre y márgenes mínimos.

En contraste, las economías ilegales ofrecían pagos rápidos, protección armada y reglas claras. No se trató de una conversión ideológica, sino de una decisión económica racional en contextos de sobrevivencia.

En 2022, el CONEVAL registró que más del 41% de la población se encontraba en situación de pobreza (equivalente a 2.1 millones de personas), mientras que, además, 370 mil vivían en pobreza extrema

Migración y remesas: alivio económico, fractura social

La falta de oportunidades locales impulsó una migración masiva. Michoacán se consolidó como uno de los principales estados expulsores de población hacia Estados Unidos.

Las remesas se convirtieron en un pilar económico: llegaron a representar alrededor del 11% del PIB estatal en 2024 Para miles de hogares, ese dinero permitió subsistir, estudiar o construir vivienda.

Pero el impacto social fue profundo. Comunidades fragmentadas, familias separadas y generaciones que crecieron sin figuras de autoridad presentes. El dinero llegó, pero el tejido social se debilitó.

Muchos jóvenes quedaron en una zona gris: con recursos limitados, sin acompañamiento familiar y con pocas opciones reales de movilidad social dentro de la legalidad.

Ese vacío fue aprovechado por las estructuras criminales para reclutar, controlar y expandirse.

Michoacán recuperó el primer lugar a nivel nacional en recepción de remesas, totalizando aproximadamente 5,647 millones de dólares

La normalización de la impunidad

La impunidad fue el lubricante del sistema criminal. Con más del 90% de los delitos sin castigo, el mensaje fue claro: violar la ley tenía costos bajos.

Esto permitió que el crimen organizado no necesitara imponerse inicialmente con violencia extrema.

Bastó con ofrecer orden, castigos inmediatos y control territorial. En regiones donde el Estado no resolvía conflictos, el crimen comenzó a ocupar funciones de autoridad.

Así mismo, los homicidios no aparecieron de la nada. Escalaron conforme se consolidó el control territorial y se fragmentaron los grupos criminales

La violencia como resultado, no como punto de partida

Los homicidios no aparecieron de la nada. Escalaron conforme se consolidó el control territorial y se fragmentaron los grupos criminales.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

• En 2015, Michoacán registró 964 homicidios dolosos.

• En 2021, la cifra se disparó a 2,761 homicidios, un aumento de 186.4% en seis años, impulsado por la fragmentación de cárteles y las guerras territoriales.

• En 2024, el estado alcanzó una tasa de 31.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que se tradujo en aproximadamente 1,506 homicidios dolosos, según el gobierno, en un solo año.

Municipios como Zamora, con tasas superiores a 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, y Uruapan, con más de 60, se convirtieron en focos rojos permanentes

Para 2025, las cifras preliminares muestran más de 1,100 homicidios entre enero y noviembre, con una baja notable en noviembre (60 casos), el mes menos violento en una década.

Sin embargo, el acumulado mantiene a Michoacán entre las siete entidades más violentas del país

Fragmentación criminal y guerra permanente

La evolución de los grupos explica la persistencia de la violencia. La Familia Michoacana dio paso a Los Caballeros Templarios, que luego se fragmentaron en múltiples células.

Más tarde surgieron alianzas como Cárteles Unidos, en confrontación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta fragmentación provocó ciclos constantes de enfrentamientos. Aproximadamente dos de cada tres homicidios en el estado están vinculados directamente con el crimen organizado.

Además, 70% de las armas utilizadas en homicidios en México provienen de Estados Unidos, lo que incrementó la capacidad de fuego de los grupos en disputa

Desplazamiento forzado: la crisis invisible

La violencia no solo mata; expulsa. Entre 2021 y 2024, Michoacán acumuló 23,555 personas desplazadas internamente, según sociedades civiles como el Observatorio de Desplazamiento Interno, puesto que, no hay datos oficiales por parte del gobierno federal.

El punto más crítico fue 2021, con 13,515 desplazados, lo que representó casi la mitad del total nacional ese año. En 2024, se registraron 1,555 personas desplazadas principalmente por ataques armados, drones explosivos y minas artesanales.

Municipios como Apatzingán, Buenavista y Aquila concentran estos desplazamientos, muchos de ellos intraestatales.

Las consecuencias incluyen abandono de hogares, interrupción educativa, trauma psicológico y pérdida cultural, especialmente en comunidades indígenas

La diversificación del negocio criminal

El narcotráfico dejó de depender solo de drogas. En Michoacán, el control de economías legales se volvió central.

• En el limón, los cárteles obtienen alrededor de 3,600 millones de pesos anuales, cobrando cuotas que pueden alcanzar hasta 60% del valor por kilo, según estimaciones de citricultores y autoridades estatales.

• En el aguacate, donde Michoacán produce 73% del total nacional, las extorsiones generan al menos mil 800 millones de pesos anuales, con cuotas de hasta 40% de los ingresos, de acuerdo con fuentes abiertas.

• Combinadas, estas actividades generan más de 5,600 millones de pesos al año para los grupos criminales.

Estos recursos financian armamento, corrupción y control territorial, perpetuando la violencia

Costos sociales y económicos

El impacto es devastador. Solo en 2024, la violencia generó pérdidas económicas por 167 mil millones de pesos, un aumento del 39% respecto a 2015. Esto equivale a 33,673 pesos por persona, según datos del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Socialmente, Michoacán acumula más de 10 mil personas desaparecidas entre 2010 y 2024, con 55.6% sin localizar.

Familias viven duelos inconclusos, desplazamientos forzados y reclutamiento de jóvenes

Los datos muestran que Michoacán no se convirtió en un epicentro criminal por azar. La combinación de pobreza persistente, migración masiva, remesas equivalentes al 10% del PIB, impunidad superior al 90%, fragmentación criminal y economías legales vulnerables creó el terreno perfecto.

La violencia fue la consecuencia final de un proceso largo, no su punto de partida.

La pregunta ya no es solo cómo operan los cárteles, sino qué tan profundo es el daño estructural que permitió que se arraigaran... y si el Estado es capaz de reconstruir lo que dejó erosionar durante décadas