Niños y padres asesinados en la frontera: ¿quién responde?

Desde hace más de una década, varias familias mexicanas viven con una misma herida abierta: sus hijos, hermanos o esposos fueron asesinados a tiros en territorio mexicano por agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon desde Estados Unidos. Pese a ello, no han recibido ninguna forma de reparación judicial por parte del Gobierno estadounidense

La búsqueda de justicia las ha llevado ahora a tocar puertas en México. Esta semana acudieron al Senado y esperan que su caso llegue a manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su petición central es directa: que el Estado mexicano ejerza presión diplomática ante un país que, dicen, ha evadido toda responsabilidad.

Una década de impunidad y cifras opacas

Organizaciones civiles llevan años documentando los abusos. La Southern Border Communities Coalition (SBCC) registra desde 2010 351 muertes vinculadas a enfrentamientos con agentes de la CBP.

Grupos de derechos humanos, sin embargo, consideran que el número real puede ser mayor. Un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. señaló que la CBP no tiene información confiable sobre las muertes y tampoco ha informado al Congreso de forma sistemática.

En ese contexto, los asesinatos de seis mexicanos desarmados ocurridos del lado mexicano adquieren un peso particular: todos fueron provocados por disparos realizados desde territorio estadounidense

Los casos emblemáticos que marcaron a las familias

Entre las víctimas están:

• Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, baleado en 2012 en Nuevo Laredo durante el cumpleaños de su hija.

• José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, asesinado el mismo año en Nogales mientras caminaba cerca de su casa.

• Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, muerto en 2010 en Ciudad Juárez mientras jugaba con amigos.

Los familiares han enfrentado años de negativas. En 2020, tras casi diez años de litigio, el Tribunal Supremo de EE.UU. cerró la vía civil en el caso de Hernández Güereca al otorgar inmunidad a los agentes fronterizos. Para los abogados que llevan la causa, esa decisión "legalizó" de facto los asesinatos transfronterizos.

Ante la falta de reparación interna, las familias llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

"No queremos cerrar el ciclo sin justicia"

Las voces de las víctimas ilustran el desgaste emocional. Nora Isabel Lam Gallegos recuerda cómo su esposo Guillermo cayó mientras los agentes disparaban "al aire" hacia México. Para ella, vivir con esa ausencia es una batalla diaria.

Taide Elena, abuela de José Antonio, describe el proceso como "un tormento". Mantiene la esperanza en la CIDH, pero admite que solo aceptará cerrar el caso si la propia Comisión determina que no hay salida.

Los abogados que representan a las familias señalan que Estados Unidos se ha negado a rendir cuentas, pese a que los disparos ocurrieron desde su territorio. Por ello piden que México intervenga de manera firme en el terreno diplomático.

Hasta ahora, dicen, lo único que tienen claro es que las familias no están dispuestas a dejar que estas muertes queden en el olvido, ni a permitir que un vacío legal siga amparando casos que ocurrieron a unos pasos de la frontera, pero cuyas consecuencias han cruzado vidas enteras