En el Congreso se discute una reforma al artículo 63 del Código Fiscal que ha generado alarma entre especialistas y legisladores de oposición
La razón es simple: el cambio podría permitir que el SAT mantenga bloqueadas las cuentas de una persona durante más tiempo, incluso cuando un tribunal ya determinó que el ciudadano tiene razón.
¿Qué es lo que puede pasar con esta reforma?
Imagina que el SAT decide bloquear tus cuentas bancarias por sospechas de incumplimiento fiscal. Mientras no puedas acceder a tu dinero, no puedes pagar renta, servicios, nómina o cualquier gasto básico.
Para defenderte, presentas una queja ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese tribunal le pide al SAT el expediente del caso para revisar si el bloqueo está justificado.

Hasta ahora, si el SAT no entrega el expediente, el tribunal ordena que lo haga y no hay más instancias: el SAT debe cumplir
El cambio que enciende las alertas
La reforma propone que, si el tribunal ordena al SAT entregar el expediente, el SAT pueda impugnar esa orden ante un tribunal colegiado.
Mientras ese tribunal superior revisa el asunto, las cuentas siguen congeladas.

En pocas palabras: aunque un juez ya te haya dado la razón, la autoridad fiscal podría retrasar el proceso y tú seguirías sin acceso a tu dinero
Por qué especialistas lo consideran un abuso
De acuerdo con el senador Ricardo Anaya Cortés que se pronunció en la discusión, la reforma genera varios problemas:

Uno de los argumentos más repetidos es: "No se puede castigar a la mayoría por unos cuantos que sí evaden impuestos".
¿Por qué importa este tema?
Porque cualquier contribuyente -desde una persona que emite facturas hasta un pequeño negocio- puede verse atrapado en esta situación. Con el cambio propuesto, una queja que antes se resolvía relativamente rápido podría prolongarse semanas o meses.
Con las cuentas congeladas, eso puede significar:

El debate sigue
La oposición sostiene que la medida da demasiado poder al SAT y facilita abusos. Morena argumenta que la reforma "ordena procedimientos", aunque no ha explicado por qué la autoridad necesitaría una instancia adicional si ya existe un criterio judicial previo.
El dictamen se votará esta semana y podría convertirse en uno de los debates fiscales más relevantes del cierre del año.