Desde 2018, los municipios del país han sido convocados a reformar sus esquemas de atención a faltas administrativas mediante la implementación de juzgados cívicos. En Zamora, Michoacán, este proceso tomó fuerza entre 2021 y 2022 con la apertura de juzgados que operan bajo este nuevo modelo, orientado a mejorar la atención a personas infractoras y fortalecer la percepción ciudadana sobre la resolución de conflictos menores.
Como parte de esta transformación, se ha impulsado la realización de foros de intercambio entre municipios de Michoacán y entidades vecinas, con el objetivo de compartir experiencias, identificar buenas prácticas y perfeccionar la aplicación del sistema de justicia cívica. El modelo contempla sanciones proporcionales como amonestaciones económicas, reparación del daño o actividades en beneficio de la comunidad. Asimismo, se promueve que los ciudadanos reporten sus experiencias, positivas o negativas, para que puedan ser consideradas en audiencia ante el juez cívico, quien determinará la medida más adecuada en cada caso.
Una de las vertientes más relevantes del sistema es la canalización de personas hacia programas terapéuticos, especialmente en casos relacionados con adicciones o salud mental. Para ello, se han establecido convenios con instituciones como el Centro de Integración Juvenil (CIJ), que ofrecen atención especializada y buscan prevenir la reincidencia.
El esquema también contempla salvaguardas para garantizar los derechos humanos de los infractores y de las autoridades, promoviendo la figura del policía de proximidad como vínculo entre ciudadanía y justicia. Esto permite que personas sancionadas, por ejemplo en temas de tránsito, puedan presentar su versión ante el juez y acceder a alternativas que respeten sus derechos.
Zamora continúa desarrollando este modelo con miras a consolidar una justicia cívica efectiva, cercana y restaurativa.