Activistas con discapacidad exigen participar en decisiones que les afectan

El derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida democrática de México enfrentó un nuevo desafío cuando la Suprema Corte de Justicia planeó modificar un precedente legal clave. Ante esta situación, Martha García, estudiante de la UNAM y activista con discapacidad, tomó la iniciativa para exigir que la voz de este sector sea escuchada antes de cualquier resolución

El 13 de octubre, fecha prevista para la decisión de la Suprema Corte, Martha y otras personas organizadas en activismo realizaron una manifestación frente al recinto judicial. Su demanda era clara: garantizar que las personas con discapacidad tuvieran la oportunidad de participar en el proceso antes de que se dictara una resolución que afectaría directamente sus derechos.

La presión de los manifestantes surtió efecto y la Corte respondió anunciando una audiencia pública para el 20 de octubre. Sin embargo, la convocatoria a esta audiencia se difundió únicamente a través de redes sociales y no cumplió con criterios mínimos de accesibilidad: no era compatible con lectores de pantalla, carecía de interpretación en Lengua de Señas Mexicana y no ofrecía formatos fáciles de leer.

Además, el tiempo para registrarse fue tan limitado que muchas organizaciones y personas interesadas no pudieron realizar los arreglos necesarios para asistir, señala Human Rights Watch

Barreras más allá de la infraestructura

Para Martha, quien utiliza silla de ruedas, llegar temprano a la Corte implicó levantarse a las cuatro de la mañana y enfrentar múltiples obstáculos físicos y sociales.

Esta experiencia refleja un problema más amplio: la accesibilidad no se limita a rampas o elevadores, sino que incluye también la comunicación clara, información comprensible y tiempo suficiente para la participación.

El proyecto de resolución en el expediente 182/2024, eje central del proceso, fue redactado en lenguaje jurídico complejo y nunca estuvo disponible en versiones fáciles de leer, lo que lo hizo inaccesible para quienes más se verían afectados por la decisión.

A pesar de las dificultades, Martha y sus compañeros llegaron a tiempo para la sesión de la Corte, dispuestos a hacerse escuchar. Las puertas se abrieron y pudieron participar, pero esta situación evidencia que la inclusión efectiva no debería depender de la determinación individual ni de la suerte.

Como han señalado activistas como Martha, la Corte debe ir más allá de escuchar: es necesario establecer mecanismos de diálogo verdaderamente accesibles, ampliar el tiempo y las condiciones de las audiencias y garantizar que cualquier persona con discapacidad pueda participar plena y equitativamente en decisiones que impactan su vida