Activistas denuncian impunidad en desapariciones en Nuevo León

En Monterrey, la búsqueda de personas desaparecidas sigue siendo un tema doloroso y lleno de obstáculos para cientos de familias

Este martes, activistas que luchan por encontrar a sus seres queridos alzaron la voz para denunciar las serias deficiencias en el trabajo de las autoridades estatales de Nuevo León, encargadas de investigar estos casos.

Leticia Hidalgo, fundadora y vocera del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, compartió con la agencia EFE algunas de las dificultades que enfrentan día a día.

Según relata, la Fiscalía estatal suele retrasar la entrega de certificados tanto de personas desaparecidas como de aquellas que han sido encontradas sin vida.

Además, los análisis de restos humanos hallados por los propios colectivos de búsqueda pueden tardar meses, incluso años, en realizarse.

Uno de los principales señalamientos de Hidalgo es hacia el fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien recientemente justificó estos retrasos diciendo que no hay suficiente personal para atender todos los casos

Sin embargo, la activista considera que esta explicación ya no es válida, pues la falta de recursos ha sido una constante durante más de 15 años, y las autoridades no han logrado garantizar la seguridad ni la vida de las personas en el estado.

Para ilustrar la gravedad de la situación, Hidalgo compartió tres casos recientes que ha acompañado el colectivo.

• El primero es el de un joven que desapareció y fue encontrado sin vida en junio de 2024. A pesar de que han pasado casi doce meses desde el hallazgo, el Servicio Médico Forense aún no ha expedido su certificado de defunción, argumentando que no ha sido posible determinar la causa de muerte.

• El segundo caso es el de una joven cuyos restos fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Hidalgo. Aunque ya fue identificada hace un año, sus restos no han sido entregados a la familia para que puedan darle una despedida digna.

• El tercer caso ocurrió en abril de 2025, cuando el colectivo encontró varios restos humanos. Hasta la fecha, estos restos no han sido analizados por las autoridades.

Según Hidalgo, estas omisiones no solo agravan el dolor de las familias, sino que también constituyen violaciones a los derechos humanos y, en algunos casos, podrían considerarse delitos.

"Es equiparable a la tortura lo que vivimos los familiares de personas desaparecidas", asegura, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido esta situación.

La activista también denuncia que la negativa a entregar información o a reconocer oficialmente los casos constituye una forma de desaparición forzada, pues "es como volver a desaparecerlos".

Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y nacionales, el colectivo ha decidido recurrir a instancias internacionales, como el Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU. "Ya agotamos todas las instancias en México y no nos dan respuesta", lamenta Hidalgo.

El problema de la desaparición en México es enorme: según cifras oficiales, hay más de 127,000 personas desaparecidas en el país, y solo en Nuevo León la cifra supera las 7,000.

Las familias y activistas exigen que las autoridades tomen medidas urgentes y efectivas para atender esta crisis humanitaria que, lejos de resolverse, sigue creciendo.