Desde 2018, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), antes Administración General de Aduanas, ha estado marcada por una constante rotación de liderazgos que, lejos de erradicar la corrupción y fortalecer la recaudación incluso con la participación de las Fuerzas Armadas, ha mantenido a la institución bajo señalamientos de actividades ilícitas.
Al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema aduanal aún dependía del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En ese contexto, Ricardo Peralta Saucedo asumió la titularidad de la Administración General de Aduanas. Abogado y político, Peralta había ocupado cargos en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, su paso por aduanas fue breve, de apenas cinco meses. Investigaciones periodísticas lo vincularon con presuntas negociaciones indebidas con proveedores del sector y posibles importaciones ilegales, lo que marcó el inicio de una etapa de cuestionamientos sobre la institución.
Tras su salida, el cargo fue ocupado por Horacio Duarte Olivares, abogado cercano al proyecto obradorista, quien posteriormente se convirtió en el primer titular de la recién creada ANAM. Durante su gestión se consolidó la separación operativa del SAT y se avanzó en el modelo que otorgó a la Secretaría de Marina un papel clave en el control de aduanas. No obstante, Duarte dejó el cargo un año después para integrarse a proyectos políticos en el Estado de México.
En 2022, asumió la dirección Rafael Marín Mollinedo, empresario y político cercano al presidente, además de ser primo de Nicolás Mollinedo, exchofer presidencial. Marín Mollinedo impulsó proyectos estratégicos vinculados al comercio exterior, pero dejó el cargo en 2023 para representar a México como embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ese mismo año, el relevo recayó en André Georges Foullon Van Lissum, exgeneral de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su nombramiento reforzó la estrategia de militarización de puertos y aduanas con el objetivo de combatir la corrupción. Sin embargo, durante su gestión se señalaron irregularidades en la adjudicación directa de contratos, particularmente en la operación de un centro de datos clave para la seguridad de la información aduanera, lo que volvió a encender alertas sobre la transparencia en la institución.
Para 2024, ya bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rafael Marín Mollinedo regresó a la ANAM para un segundo periodo al frente. Durante esta etapa se registraron importantes decomisos de combustible ilegal, conocido como "huachicol fiscal", así como la destitución de funcionarios aduanales y elementos de la Marina presuntamente vinculados a irregularidades. Algunos de estos casos continúan bajo investigación y otros han derivado incluso en hechos violentos.
No obstante, su salida nuevamente se da en medio de señalamientos graves. Versiones periodísticas apuntan a que Marín Mollinedo estaría siendo investigado por autoridades de Estados Unidos, incluyendo la DEA y el Departamento del Tesoro, por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos en operaciones relacionadas con puertos mexicanos.
En este contexto, la ANAM abre un nuevo capítulo bajo el mando de Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien asume como encargado tras la salida de Marín. Romero Gutiérrez cuenta con experiencia en procesos de transformación digital y modernización aduanera, un perfil técnico que llega en un momento crítico para la institución.
Las aduanas representan un pilar fundamental para la recaudación fiscal y la seguridad económica y comercial del país. Sin embargo, la falta de estabilidad en su liderazgo, los constantes señalamientos de corrupción y las dudas sobre la efectividad del control militar han debilitado la confianza en su operación.
Con una institución clave bajo escrutinio, la exigencia de resultados, transparencia y rendición de cuentas se vuelve urgente en una nueva etapa que no admite más retrasos ni opacidad.