Alertan falta de transparencia en recursos de la SEDENA

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra bajo cuestionamientos por la opacidad en el manejo de un fideicomiso que acumula 229 mil millones de pesos, cuyos recursos y operaciones no han sido transparentados. Aunque se trata de dinero público, la dependencia ha respondido que no cuenta con información sobre este instrumento financiero, una postura que especialistas consideran injustificable.

Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió en entrevista para Meganoticias que la Sedena no puede desconocer el manejo de esos recursos ni utilizar la seguridad nacional como argumento para ocultar información sobre el gasto público.

Una "caja gigante" para las obras del ejército 

Durante una entrevista, Del Río Venegas explicó que el fideicomiso fue creado en 2007, con una vigencia de 50 años, y originalmente estaba destinado a realizar compras urgentes relacionadas con operativos y necesidades extraordinarias.

Sin embargo, señaló que, a partir de la administración federal anterior, sus recursos comenzaron a utilizarse para financiar obras de infraestructura a cargo de la Sedena, entre ellas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La excomisionada cuestionó que una bolsa de recursos de esta magnitud opere sin suficiente información pública y advirtió que la falta de transparencia impide conocer cuánto dinero se ejerce, a qué empresas se contrata y si los proyectos se realizan con eficiencia.

Seguridad nacional, argumento para ocultar gastos

Del Río Venegas sostuvo que la Sedena ha recurrido reiteradamente a la reserva de información bajo el argumento de seguridad nacional, incluso en asuntos relacionados con contratos, facturas y costos de obras públicas.

Como ejemplo, recordó que durante su paso por el INAI tuvieron que intervenir para que se transparentara información relacionada con el AIFA, luego de que la dependencia reservara datos sobre gastos, proveedores e incluso el costo de una escultura colocada en el aeropuerto.

También señaló que la Auditoría Superior de la Federación documentó que en 2019 se ejercieron más de 21 mil millones de pesos en ese proyecto, mientras que año con año se han seguido etiquetando recursos presupuestales.

La exfuncionaria insistió en que la seguridad nacional no puede convertirse en una justificación generalizada para ocultar el destino del dinero público.

Desapareció el INAI, pero no el derecho a saber 

Ante la desaparición del INAI y la creación de nuevos mecanismos de transparencia, Del Río Venegas consideró que la ciudadanía no debe renunciar a exigir información.

Advirtió que el organismo denominado Transparencia para el Pueblo ha resuelto, en su opinión, numerosos casos a favor de las dependencias que niegan información, mientras que otros recursos son desechados.

Por ello, llamó a periodistas y ciudadanos a continuar presentando solicitudes de información y recursos de revisión para conocer cómo se ejercen los recursos públicos.

Más causales para reservar información 

Otro de los puntos que encendieron las alertas es la ampliación de las causales para reservar información.

La excomisionada explicó que antes de la desaparición del INAI existían 13 causales de reserva; sin embargo, tras las modificaciones a la legislación, aumentaron a 17.

Entre los nuevos argumentos se encuentra la posibilidad de reservar información cuando se considere que su difusión puede alterar la paz social, un concepto que, advirtió, podría utilizarse para justificar nuevas restricciones al acceso a la información.

Del Río Venegas recordó que las reservas deben estar justificadas y sujetas a temporalidades establecidas por la ley, que contempla periodos de hasta cinco años para determinados casos, con posibilidad de ampliación conforme a las disposiciones legales.

¿Dónde está el dinero y quién debe rendir cuentas? 

La excomisionada subrayó que la Auditoría Superior de la Federación debe dar seguimiento a las observaciones que detecta en las cuentas públicas y esclarecer si existen responsabilidades administrativas o posibles irregularidades.

Insistió en que no basta con hacer públicas las observaciones: es necesario conocer qué ocurrió después, quiénes fueron señalados y qué consecuencias tuvieron las investigaciones.

Finalmente, sostuvo que México no necesita multiplicar las leyes anticorrupción si las autoridades no cumplen las que ya existen.

La exigencia, concluyó, es que la Sedena transparente el manejo de los recursos, explique quién administra el fideicomiso y permita conocer la ruta del dinero público.