Analizan demanda contra SpaceX por daño en frontera mexicana
El gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, emprenderá acciones legales contra SpaceX, la empresa de Elon Musk, por los daños ambientales causados por sus lanzamientos de cohetes desde Boca Chica, Texas, cerca de la frontera con México
Esta decisión surge tras la reciente explosión de un cohete Starship, cuyos restos y fragmentos han llegado a la costa de Tamaulipas, especialmente a Playa Bagdad, generando preocupación entre autoridades, ambientalistas y habitantes locales.
La presencia de estos residuos, compuestos por metales, plásticos, tanques y otros materiales, ha sido documentada por organizaciones civiles como Conibio Global.
El impacto no solo se limita a la fauna marina, sino que también amenaza la economía local, en particular a las familias que dependen de la pesca, y representa un riesgo para la navegación por la presencia de grandes tanques y fragmentos en el mar.
Expertos y académicos advierten que algunos de los restos encontrados miden hasta cuatro metros de largo y podrían contener sustancias tóxicas o contaminantes cuya composición aún está siendo analizada
Estos materiales pueden afectar la salud humana, contaminar cadenas alimenticias y dañar ecosistemas sensibles como dunas, manglares y pastos marinos.
La acumulación de microfragmentos plásticos y metálicos, resultado de la explosión y desintegración del cohete, agrava la situación al dificultar su recolección y aumentar el riesgo para la biodiversidad.
El incidente más reciente, ocurrido el 27 de mayo de 2025, no solo dejó residuos físicos en la costa, sino que también obligó a suspender la liberación de miles de crías de tortuga lora, una especie en peligro de extinción, debido al peligro que representan los desechos en su hábitat.
Ambientalistas han señalado que la contaminación por basura espacial ya se extiende a lo largo de extensas franjas de playa, y que las corrientes marinas continúan trayendo nuevos fragmentos a la costa mexicana.
Ante la gravedad del problema, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han realizado recorridos y monitoreos en las zonas afectadas, recopilando evidencia del daño ambiental y recolectando residuos
Además del daño directo al entorno natural, se ha señalado la falta de acuerdos bilaterales específicos entre México y Estados Unidos que regulen este tipo de actividades transfronterizas con enfoque ambiental.
Esta ausencia de normatividad ha permitido que los lanzamientos continúen sin una evaluación previa de sus consecuencias para el territorio mexicano, lo que ha sido calificado como una omisión grave por parte de las autoridades federales y locales.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que su administración no solo busca revisar los hechos, sino también iniciar los procedimientos legales necesarios dentro del marco de las leyes internacionales para proteger el medio ambiente y la seguridad de las comunidades afectadas.
