Argentina inicia privatización de la empresa estatal de agua

 El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y saneamiento en la región metropolitana de Buenos Aires y otras zonas del país.

La medida forma parte del ambicioso plan de reformas estructurales impulsado por la administración libertaria, que busca reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal y fomentar la inversión privada en sectores estratégicos.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la privatización se realizará de forma "gradual y transparente", a través de una licitación pública internacional que garantice la continuidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios.

"La decisión de privatizar AySA responde a la necesidad de mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y promover un esquema de inversión privada que permita modernizar la infraestructura hídrica del país", señaló Adorni.

La empresa, que actualmente brinda servicio a más de 14 millones de personas, será dividida en unidades regionales con el fin de facilitar su concesión. El proceso contará con la supervisión del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y otros organismos de control.

La noticia generó reacciones encontradas. Mientras sectores empresariales y economistas afines al gobierno celebraron la decisión como un paso clave hacia la "desestatización", organizaciones sociales, sindicatos y partidos de oposición expresaron su preocupación por el posible aumento en las tarifas y el acceso desigual al agua.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtieron que la privatización podría afectar la estabilidad laboral de miles de trabajadores de AySA y llamaron a una movilización nacional para rechazar la medida.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la decisión en redes sociales: "Privatizar el agua es poner un derecho humano en manos del mercado. Un retroceso inaceptable."

El gobierno, sin embargo, asegura que habrá cláusulas específicas en los contratos de concesión para garantizar la universalidad del servicio, evitar abusos tarifarios y mantener un esquema de subsidios para sectores vulnerables.

La privatización de AySA representa uno de los movimientos más polémicos dentro del paquete de reformas promercado impulsado por el Ejecutivo. Se espera que el proceso formal inicie en las próximas semanas con la presentación del pliego de licitación y la convocatoria a oferentes nacionales e internacionales