La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas investigaciones sobre presuntas irregularidades sistemáticas en la contratación pública de organismos electorales, entre los que destacan el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las pesquisas se sustentan en la colaboración directa de personas que han aportado información y pruebas clave para el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, un esquema instrumentado con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pruebas e indicios recabados tras las investigaciones
Gracias al testimonio de personas con conocimiento directo del modus operandi utilizado durante varios años en la adquisición de bienes y servicios, la ASF ha recopilado solidas evidencias que incluye:
De acuerdo con el órgano auditor, los datos obtenidos sugieren que los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido directamente en la selección de proveedores y en la confección de los requisitos técnicos de las licitaciones para favorecer sus propios intereses.
Las indagatorias permitieron identificar presuntos nexos entre empresas, beneficiarios finales y servidores públicos. La ASF continuará con el rastreo del destino de los recursos públicos para identificar a la totalidad de los involucrados y promover las sanciones correspondientes.
Hasta el momento, la institución ha mantenido en reserva los nombres de los funcionarios, empresas e informantes, así como los montos y contratos específicos sujetos a revisión.
