Avanza la investigación de la posible red de corrupción en el INE

El Instituto Nacional Electoral se encuentra, por decir lo menos, en el ojo del huracán, pues es el centro de una investigación formal por presuntos esquemas de corrupción, conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos públicos.

Las indagatorias apuntan a una red de empresas proveedoras y exfuncionarios vinculados directamente a la gestión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, como resultado de estas pesquisas por presunto fraude, desvío de recursos y lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de 70 cuentas bancarias de los empresarios y exservidores públicos implicados en el monopolio de la producción de materiales y boletas electorales.

El esquema de simulación y el caso "Cajas Graf"

Las investigaciones, conducidas conjuntamente por la UIF y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), identificaron a un grupo de al menos siete empresas que presuntamente simulaban competencia en licitaciones para monopolizar contratos federales y locales (OPLES), desviando luego los fondos a través de firmas fantasma.

Entre las compañías señaladas destacan Cajas Graf y Corporativo Zeg, propiedad del empresario José Alfredo Hernández Casillas, las cuales recibieron contratos millonarios del órgano electoral; entre ellos, uno de hasta 198.7 millones de pesos para los comicios judiciales.

El conflicto de interés se agravó al detectarse que Jesús Octavio García González, exrepresentante legal de dichas empresas, fue nombrado por Taddei como administrador del INE. Ante el escándalo, el instituto removió de sus cargos a varios funcionarios de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa.

Tráfico de influencias en el entorno cercano

La indagatoria también involucra a Lourdes Piña Soria del Valle, señalada de operar de manera informal como asesora cercana de la presidencia del INE. Según las investigaciones, Piña Soria influyó en la asignación de contratos para beneficiar a su entorno familiar:

? Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V.: Empresa administrada por su hija, Itzel Sandino Piña Soria, la cual se convirtió en proveedora oficial del INE.

? Contratos directos: Gilberto Solís Mendívil, comisario de la empresa de la hija, recibió un contrato superior al millón de pesos para producir una miniserie documental sobre la jornada electoral judicial.

Reacciones políticas

Ante los señalamientos, la consejera presidenta Guadalupe Taddei descartó presentar su renuncia, calificando las acusaciones como un "golpeteo político". No obstante, afirmó estar a favor de que se investigue a fondo y sostuvo que los procesos de contratación se apegaron a la legalidad.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó las acciones de las instancias fiscalizadoras y declaró de manera contundente que "no debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", exigiendo que la ASF y las autoridades competentes actúen con total independencia.