Bajo investigación, presunta triangulación de 7 mil millones de Samuel García

La Auditoría Superior de la Federación identificó transferencias de recursos públicos a empresas proveedoras que presuntamente terminaron en un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador de Nuevo León.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos por más de 7 mil 200 millones de pesos durante la administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025.

Durante la presentación de su segundo informe ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, informó que se identificaron transferencias a empresas proveedoras cuyos recursos presuntamente terminaron en cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.

¿Cómo se habrían triangulado los recursos?

De acuerdo con el esquema financiero presentado por la ASF, el Gobierno de Nuevo León realizó transferencias a cuatro empresas por aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos.

La operación de mayor monto corresponde a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos y posteriormente transfirió recursos a otra compañía, desde la cual se habrían enviado 385.3 millones a un despacho jurídico.

En una segunda operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales 202.9 millones habrían llegado al mismo despacho mediante una empresa intermediaria.

Otras dos rutas identificadas involucran transferencias por 243 millones y 154.2 millones de pesos, respectivamente.

En conjunto, los movimientos señalados apuntan a transferencias por aproximadamente 728 millones de pesos hacia el despacho jurídico presuntamente relacionado con la familia del mandatario estatal.

ASF investiga posible responsabilidad

El órgano fiscalizador señaló que continúa determinando el posible daño al erario y que los montos involucrados no constituyen, por sí mismos, recursos cuyo desvío haya quedado jurídicamente acreditado.

Las investigaciones deberán establecer el destino final de los recursos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.