Estados Unidos amplió este martes su lista de organizaciones señaladas como terroristas, al incluir a la banda transnacional Barrio 18, una de las pandillas más violentas de Centroamérica
La decisión se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump para golpear simultáneamente al narcotráfico y a las pandillas con fuerte presencia en la región.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Barrio 18 fue designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
Según explicó, la medida refleja el "compromiso inquebrantable" de Washington de desmantelar las redes criminales que amenazan a la seguridad estadounidense.
Rubio recordó que esta pandilla es la rival histórica de la Mara Salvatrucha (MS-13) y una de las más grandes del hemisferio. Sus operaciones han incluido ataques contra policías, funcionarios y civiles en países como El Salvador, Honduras y Guatemala
Barrio 18: de Los Ángeles a Centroamérica
Barrio 18, también conocida como Pandilla 18, Calle 18, Mara 18 o simplemente "la 18", nació en las calles de Los Ángeles. Con el tiempo, se expandió a otras zonas de Estados Unidos y posteriormente a Centroamérica, donde adquirió gran poder y se consolidó como una de las organizaciones más violentas de la región.
En El Salvador y países vecinos, su estructura y métodos la convirtieron en un actor central de la violencia que durante décadas ha marcado la vida cotidiana.
La inclusión de Barrio 18 no es un caso aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha promovido la clasificación como terroristas de los seis principales cárteles mexicanos -entre ellos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación- así como de grupos criminales internacionales como Tren de Aragua (Venezuela), Los Lobos y Los Choneros (Ecuador), y la propia MS-13.
Washington incluso ha señalado al llamado Cartel de los Soles, presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusación rechazada de forma tajante por Caracas
Consecuencias legales
La designación como entidad terrorista permite a Estados Unidos congelar activos, perseguir judicialmente a cualquier persona o institución que colabore, directa o indirectamente, con estos grupos, y restringir de manera drástica sus fuentes de financiamiento.
Con esta decisión, la Administración Trump refuerza su política de presión total contra el crimen organizado, en un intento por cortar el flujo de drogas y violencia que conecta a Centroamérica, México y Estados Unidos.