Barreras invisibles: así se vive la discapacidad en México

"La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, y una ventaja para todos los ciudadanos."  Enrique Rovira-Beleta C., arquitecto

La vida cotidiana de una persona con discapacidad está llena de obstáculos invisibles para muchos. 

En calles y espacios públicos se repiten los mismos impedimentos: un escalón inesperado, una banqueta bloqueada por vendedores o motocicletas, letreros y macetas mal ubicados, teléfonos públicos y cajeros inaccesibles. 

La mayoría de las ciudades mexicanas no están acondicionadas para quienes usan silla de ruedas o bastón blanco. Carmen Silvia Escobar, especialista en discapacidad visual, constató a Meganoticias que en su ciudad natal Tehuacán "las banquetas están obstruidas por mercancía de los comercios y por aglomeración de gente". 

Lizeth Barrera, tesorera de la Asociación de Invidentes de Nayarit, describe cómo los negocios colocan maniquíes y anuncios en las banquetas y dejan motos estacionadas, obligando al invidente a buscar alternativas arriesgadas

Este cúmulo de barreras arquitectónicas y sociales obliga a las personas con discapacidad a sortear riesgos permanentes: con frecuencia nadie ofrece ayuda ni señaliza un obstáculo

Las dificultades no se limitan a la infraestructura: los trámites, el transporte y la educación a menudo se diseñan sin considerarlos. 

Juan Alejandro Ochoa Gaitán, invidente y vendedor ambulante en Colima, lo resume amargamente: "Para nosotros que estamos invidentes se nos dificulta porque casi no somos tomados en cuenta; otras discapacidades como silla de ruedas o sordomudos sí, pero para nosotros es más difícil". 

Historias como las de Juan, Homero y Migdalia ilustran un punto clave: la falta de accesibilidad sigue encadenando la desigualdad

Para eliminar estas barreras es útil clasificar los tipos de accesibilidad necesarios. No basta con remover escalones (accesibilidad física): hay que asegurar que todos puedan percibir y comprender el entorno.

En primer lugar, la accesibilidad física incluye rampas, ascensores, banquetas amplias, pasillos despejados y baños adaptados, para que personas en silla de ruedas o con movilidad reducida puedan circular con autonomía. 

En segundo lugar, la accesibilidad sensorial cubre ayudas para personas con deficiencias auditivas o visuales: señales sonoras en los semáforos, letreros en Braille, intérpretes de lengua de señas, bucles magnéticos y subtítulos, entre otras medidas. 

En tercer lugar, la accesibilidad cognitiva busca que la información sea fácil de entender: instrucciones claras, pictogramas, lectura fácil o personal capacitado para apoyar a personas con discapacidad intelectual o demencia. 

Y finalmente está la accesibilidad digital: sitios web, apps, cajeros automáticos y pantallas deben ser operables con lector de pantalla, tener contraste alto, interfaces sencillas, etiquetas de voz o reconocimiento por voz. 

Todos estos enfoques se articulan bajo un principio más amplio: el diseño universal

Este concepto plantea que los entornos, productos y servicios no deben adaptarse después, sino crearse desde el inicio pensando en la diversidad de capacidades humanas.

Una rampa no es solo una herramienta para quien va en silla de ruedas; también sirve para quien lleva una carriola, una maleta o simplemente envejece.

En palabras de la Universidad Internacional de La Rioja, "la accesibilidad no solo se refiere a eliminar barreras físicas, sino también a crear entornos y servicios que puedan ser utilizados por personas con diferentes capacidades cognitivas, físicas y sensoriales"

De hecho, el gobierno mexicano destaca que la tecnología puede "permitir a las personas con discapacidad interactuar con los sitios web" mediante teclados Braille, lectores de pantalla o software de dictado. 

En el transporte público, por ejemplo, se habla hoy de semáforos inteligentes y audioguías en microbuses, pero en la práctica son escasos.

El derecho mexicano reconoce la obligación de garantizar esta accesibilidad

En 2011 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), vigente y reforzada por reformas recientes (la última de abril de 2024). 

Esta ley establece que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión en igualdad de oportunidades. 

Además, México fue de los primeros en impulsar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. 

Este tratado entró en vigor global en 2008; tras su aprobación por el Senado en 2007 se publicó en el DOF el decreto de ratificación el 24 de octubre de ese año, surtiendo efecto el 17 de enero de 2008. 

La Convención es ahora ley suprema (sólo después de la Constitución) y obliga a eliminar todo tipo de barreras (materiales, actitudinales y comunicativas)

A nivel normativo, existen varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM) dirigidas a la accesibilidad: por ejemplo, la NOM-008-SEGOB-2015 regula acciones de prevención y seguridad en protección civil para personas con discapacidad en emergencias y desastres.

La NOM-015-SSA-2023, reciente, establece los lineamientos para la atención médica integral de los pacientes con discapacidad. 

Otras normas contemplan la adaptación de hospitales (NOM-030-SSA3-2013), los requerimientos arquitectónicos en edificaciones públicas, rutas de evacuación, señalética accesible y hasta estándares de accesibilidad en tecnologías de la información (como la Norma NMX-R-099-SCFI-2018 de TIC). 

En suma, el marco jurídico nacional (ley general, tratados internacionales y NOM) prescribe la accesibilidad en transporte, espacios públicos, salud, educación y medios digitales. Sin embargo, la aplicación práctica de estas normas es limitada

Para dimensionar el reto, hay que hablar de cifras. Según la ENADID 2023 del INEGI, en México había 121.6 millones de personas de 5 años y más, de las cuales 8.8 millones (7.2%) reportaron alguna discapacidad. 

De estas, 53.5% son mujeres y 46.5% hombres. 

Por estado, la prevalencia es muy variable: Zacatecas (11.2%), Tabasco (10.1%), Durango (9.9%) y Oaxaca (8.8%) reportan los porcentajes más altos de personas con discapacidad, mientras Coahuila (5.2%), Chiapas (5.9%) y Ciudad de México (6.1%) los más bajos. 

Esta distribución sugiere que las entidades con más pobreza (sureste) concentran más población vulnerable, aunque la infraestructura accesible allí es casi nula

Pese a la falta de atención sistémica, ha habido algunos pasos adelante.

En marzo de 2025 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a todos los estacionamientos públicos a contar con cajones accesibles debidamente señalizados cerca de las entradas.

Esta medida -propuesta por la diputada Patricia Mercado- integra el concepto de "ajuste razonable" en el diseño vial y obliga a los municipios a planearlo desde el inicio.También se exige que las nuevas construcciones contemplen estas plazas desde el proyecto. 

Otro avance fue la edición de la NOM-015-SSA-2023 (publicada en 2023) para estandarizar la atención médica de personas con discapacidad.

En materia educativa y tecnológica, el gobierno ha promovido herramientas como lectores de pantalla en bibliotecas escolares y apps de inteligencia artificial que describen entornos o traducen texto a señas, ampliando la cobertura de tecnologías asistivas.

Por ejemplo, hoy existen aplicaciones que emplean inteligencia artificial para describir objetos y entornos a personas ciegas, así como software de reconocimiento de voz para personas con movilidad reducida

El nivel de accesibilidad varía mucho entre estados y municipios. En general, los lugares con más población con discapacidad ?como Zacatecas o Tabasco? suelen ser los más rezagados. 

En estos estados rurales y marginados la prioridad ha sido resolver problemas básicos (agua, salud), dejando la inclusión en un segundo plano.

Por el contrario, ciudades grandes como la CDMX o Guadalajara han invertido algo más: la Ciudad de México remodeló varias líneas de metro con elevadores y puso semáforos auditivos en sus cruceros importantes. 

Pero aun ahí es insuficiente. Otros ejemplos: los trenes suburbanos de la Zona Metropolitana instalaban espacios preferenciales, pero siguen con andenes inaccesibles en algunas estaciones. 

Organizaciones civiles como Libre Acceso AC han señalado que prácticamente ningún municipio cuenta con una accesibilidad "total"; incluso en CDMX se emite un Manual de Accesibilidad municipal vigente, pero persiste la "exposición" de ciegos en banquetas llenas de puestos

La realidad es dura: seguir postergando la accesibilidad significa condenar a millones de mexicanos a la exclusión. La mayoría de las barreras existentes son legales y culturales, no físicas. 

Como advierte la Secretaría de Bienestar, la inclusión aún es "un reto" en México y hace falta despertar la empatía colectiva.

Es imprescindible educar en la empatía: antes que desaire a un invidente que pregunta por el camino, el ciudadano debe saber cómo ayudar. Es urgente capacitar a maestros, choferes, ingenieros y arquitectos en accesibilidad. 

Los gobiernos federal, estatales y municipales deben traducir las leyes en realidad: obligar el cumplimiento de las normas, financiar rampas y tecnología, y sancionar las violaciones.