Tras la polémica por la reserva de información diplomática, el gobierno de México difundió las comunicaciones diplomáticas intercambiadas con Estados Unidos tras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos este miércoles tres documentos relacionados con el caso.
Uno de los documentos es el oficio ASJ-22632, con fecha del 30 de abril, ahí la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE manifestó a la embajada de Estados Unidos su "preocupación" por la publicación de los nombres y acusaciones realizada un día antes por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La difusión se da después de que ayer se conociera, a partir de una solicitud de acceso a la información de un ciudadano, que la SRE había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones sobre el caso.

SRE reclama a Estados Unidos por revelar los cargos
La Cancillería asegura que la información difundida es sensible en materia de procuración de justicia y advirtió que hacer públicos los cargos antes de que los señalados sean detenidos y sometidos al procedimiento de extradición vulnera su derecho al debido proceso.
También dijo que el propio gobierno estadounidense había solicitado, mediante una nota diplomática, mantener en confidencialidad cualquier información relacionada con solicitudes de extradición o detención provisional.
México pidió al Departamento de Justicia instruir a sus fiscales para respetar ese compromiso en futuras investigaciones.
¿De qué son acusados?
Entre los documentos difundidos se encuentra una ficha con los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros 7 funcionarios y exfuncionarios son acusados por Estados Unidos de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de presunta posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. En el caso de Juan Valenzuela Millán, también lo acusan de secuestro con resultado de muerte.
La SRE aclaró que estos cargos constituyen únicamente acusaciones y no representan una sentencia o una declaración de culpabilidad.

México asegura que coopera con las autoridades norteamericanas, pero rechaza presiones
En otro de los documentos, llamado "Líneas de comunicación", la Cancillería explica que las solicitudes de extradición fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de evaluar el caso conforme al sistema penal mexicano.
La dependencia reiteró que ninguna acción judicial puede avanzar sin pruebas suficientes y destacó que México continuará colaborando con Estados Unidos en materia de justicia, además dejó claro que esa cooperación no implica aceptar interferencias externas en los procesos nacionales.
Como parte de la postura oficial, el documento cita una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum:"No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito".
Documentos reservados por cinco años
La publicación de los documentos se da un día después de que se conociera, mediante una solicitud de acceso a la información, que la SRE reservó por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, minutas de reuniones y demás documentos relacionados con el caso.
La dependencia aclaró que la clasificación continúa vigente, ya que las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales conservan carácter reservado por su naturaleza, mientras que los documentos difundidos este miércoles sí podían hacerse públicos sin afectar el proceso.